Veracruz | 2022-03-01 | Luis Alberto Romero
El hecho de que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz no tomó por sorpresa a nadie; era predecible que los magistrados echaran abajo dicho tipo penal, que permitió el encarcelamiento de cientos de personas en la entidad.
Cálculos conservadores apuntaban que al menos había mil detenidos por ultrajes en Veracruz, lo que motivó un movimiento de protesta en contra de lo que los opositores al gobierno estatal calificaron como un uso político de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Apenas el sábado pasado, por ejemplo, el senador Ricardo Monreal Ávila utilizó las redes sociales para señalar que Veracruz tiene una justicia omisa y mediocre. Desde las goteras del penal de Pacho Viejo, en Coatepec, el presidente de la JUCOPO en la Cámara Alta retomó el tema de los ultrajes; y adelantó que este lunes, la Suprema Corte se reuniría para resolver la constitucionalidad del delito de ultrajes en Veracruz. Apuntó: “confío en que este alto tribunal declare la inconstitucionalidad de los actos del poder legislativo local, para que con ello… puedan recobrar su libertad las personas que fueron acusadas”.
Fue más allá, denunció que en la entidad las autoridades locales trabajaban en la integración de carpetas de investigación contra las personas detenidas bajo esta figura, “por otros delitos inexistentes, para intentar retenerlas en prisión”.
Ese mismo día, el sábado, el gobernador envió una carta a la Suprema Corte una carta en la que intenta articular una defensa para frenar la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes; dice Cuitláhuac García que “el texto normativo de este tipo penal es preciso y claro, toda vez que mandata que se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión a quien agreda o amenace a un servidor público e el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.
Afirmó el ejecutivo, en su comunicación a los magistrados, que declarar inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad “creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrán sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos… en consecuencia, podría suceder un incremento de las agresiones que sufren los servidores públicos…”
Sin embargo, el intento de argumentación de García Jiménez no sirvió: la SCJN declaró inconstitucional el delito de ultrajes, dado que los magistrados consideraron que vulnera los derechos a la libertad de expresión y la legalidad. De igual manera, señalan que ese delito tiene un impacto desproporcionado sobre las personas.
Por supuesto, al declarar inconstitucional el delito de ultrajes, también caen todas las agravantes que consideraba la ley local.
Antes de la sesión de la SCJN sobre dicho tema, por cierto, el Congreso local sesionó para modificar algunos puntos del Artículo 331 del Código Penal para el Estado, pero no fue derogado el delito, como lo recomendó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ese intento no sirvió para que se aplazara la discusión en la Corte, que finalmente declaró inconstitucional ese tipo penal, en lo que fue un duro golpe para el gobierno veracruzano, cuyo titular anunció este lunes, tras conocerse el sentido del dictamen de la SCJN, que enviaría esta semana al Congreso local una nueva iniciativa de ley para castigar los ataques contra los policías. En pocas palabras, el tema seguirá vigente en Veracruz, porque el ejecutivo parece decidido a que se sigan aplicando leyes como la que la Corte echó abajo.
@luisromero85