| 2024-08-28
El reciente incidente de inseguridad en la zona limítrofe entre Veracruz y Puebla ha reavivado la preocupación por la seguridad en esta región. El pasado sábado, Araceli Salcedo, activista dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, fue interceptada por delincuentes en el kilómetro 231 mientras se dirigía a la Ciudad de México; le robaron su camioneta.
Salcedo, quien preside una organización civil en la región de Córdoba-Orizaba, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Este incidente resalta una preocupación recurrente entre transportistas y automovilistas que transitan por estas y otras áreas limítrofes de Veracruz, donde los asaltos en carretera son una constante queja.
En respuesta a estas denuncias, el gobierno estatal ha firmado acuerdos de colaboración con las administraciones de las entidades vecinas.
Por ejemplo, en 2011, el entonces gobernador Javier Duarte estableció un acuerdo de cooperación con su homólogo poblano, Rafael Moreno Valle, para abordar los temas de seguridad en los límites territoriales. En 2014, ambos gobiernos estatales renovaron su compromiso mediante un convenio de "coordinación y colaboración", con el objetivo de fortalecer la vigilancia en la zona. En esa reunión, celebrada en Puebla, participaron los secretarios de seguridad de ambas entidades, Arturo Bermúdez y Facundo Rosas.
A pesar de estos esfuerzos, la actividad delictiva se mantuvo sin cambios significativos, sin que la presencia policial ni los patrullajes frecuentes lograran una mejora notable.
La situación no mejoró durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien también firmó convenios de colaboración con los estados vecinos de Puebla, Tamaulipas y Oaxaca. A pesar de los anuncios de un refuerzo en la presencia policial, la inseguridad persistió.
Al inicio de la actual administración estatal, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, se reunió con su homólogo poblano, Daniel Iván Cruz Landa, en el Mando Único de Córdoba. En esta reunión, se acordó implementar estrategias conjuntas para combatir delitos de alto impacto en los 65 municipios limítrofes entre ambas entidades.
Más recientemente, en septiembre de 2023, el gobernador Cuitláhuac García anunció una estrategia de seguridad conjunta con el gobierno de Puebla para reforzar la vigilancia en la zona de Maltrata y prevenir robos y asaltos en la carretera. La administración actual ha suscrito convenios con los gobiernos de Puebla, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, y ha intensificado los patrullajes y la presencia policial en las áreas limítrofes, donde también opera la Guardia Nacional.
Sin embargo, las quejas de los transportistas y las denuncias de automovilistas continúan siendo frecuentes.
En el caso del asalto a Araceli Salcedo, el incidente, según informó el gobierno veracruzano, ocurrió en territorio poblano. Incuso, las autoridades estatales de Puebla intentaron ponerse en contacto con la víctima una vez que el caso recibió atención nacional.
El punto es que la inseguridad en las carreteras limítrofes entre Veracruz y Puebla se ha mantenido desde hace dos décadas e incluso más. A pesar de los esfuerzos de colaboración entre las autoridades de ambos estados, los convenios y acuerdos han tenido un impacto limitado; y la repetida promesa de reforzar la vigilancia y aumentar la presencia policial no ha logrado traducirse en una disminución de los delitos.
Por otro lado, la región limítrofe, al ser un punto estratégico para el tránsito de mercancías y personas, se convierte en un objetivo atractivo para los delincuentes.
@luisromero85