Veracruz | 2024-10-15
Así como el resto de las entidades del país, Veracruz también vivirá su cruzada en la renovación por voto popular el próximo año, que habrá de resolver al menos 42 posiciones de magistraturas y jueces en la entidad.
Con la votación programada para el 1 de junio, la inédita renovación de magistraturas y jueces podría traer consigo una revisión del historial y la calidad de quienes ocupan estos cargos. Algo que podría cuestionarse porque rara vez en el electorado se da en mayoría el "voto informado".
Este proceso cobra especial importancia en un contexto donde la Cuarta Transformación (4T) ha señalado la corrupción y el favorecimiento de intereses particulares en el sistema judicial.
Varios de los actuales jueces y magistrados han sido acusados de emitir fallos que, según la administración federal, han favorecido a delincuentes y exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Estos señalamientos han generado la percepción de que el Poder Judicial requiere un cambio profundo, lo que convierte la elección en una oportunidad para corregir posibles irregularidades y mejorar la impartición de justicia en el estado.
Entre los casos más destacados está el del magistrado Rafael Remes Ojeda, criticado por su oposición a la prisión preventiva oficiosa, medida cautelar central en la estrategia de justicia de la 4T. Desde el ámbito judicial, se argumenta que la prisión preventiva debe ser excepcional, pero la administración federal sostiene que esta postura ha permitido la liberación de personas involucradas en delitos graves.
Otro caso notable es el de la magistrada María Elena Leguízamo Ferrer, quien fue criticada por favorecer la liberación de la jueza Angélica Sánchez Hernández, responsable de poner en libertad a Itiel "N", alias "Compa Playa", acusado de diversos crímenes. Este tipo de decisiones judiciales han contribuido a minar la confianza en el sistema, creando una percepción de impunidad en ciertos sectores de la población.
Es importante mencionar que, en muchos casos, las acusaciones contra los magistrados y jueces han sido presentadas sin pruebas contundentes, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de algunas denuncias.
Esta práctica ha sido una constante en el gobierno de Cuitláhuac García, donde los señalamientos públicos han formado parte de la estrategia política para influir en la percepción pública del Poder Judicial.
Casos como el de los padres de Marlon "N", acusados de complicidad en el feminicidio de Monse Bendimes, o el amparo a los llamados "Porky's", han intensificado la desconfianza hacia el sistema judicial en Veracruz.
Estas decisiones, percibidas como injustas o políticamente manipuladas, han generado una atmósfera de escepticismo que será difícil de disipar sin una reforma profunda.
Uno de los mayores desafíos de este proceso será asegurar que la renovación no sea solo un cambio superficial de nombres, sino una verdadera transformación en la administración de justicia.
La elección de 2025 ofrecerá a la ciudadanía la oportunidad de influir directamente en quiénes deben ocupar cargos clave en el Poder Judicial, un poder que, por naturaleza, debe ser imparcial y justo.
No obstante, el proceso estará rodeado de presiones políticas y éticas que convertirán esta renovación en un campo de batalla electoral.
Algunos críticos han señalado que incluir a jueces y magistrados en una elección es un intento de "politización" de la justicia.
Sin embargo, otros lo ven como una oportunidad para democratizar un sistema que, durante años, ha sido percibido como alejado de la ciudadanía y sujeto a influencias externas.
No obstante, el reto no se limita a cambiar a los jueces y magistrados más señalados.
En juego está la credibilidad de todo el sistema judicial en el estado.
Casos como el del juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, quien liberó a los padres de Marlon "N" o amparó a personas implicadas en desapariciones forzadas, demuestran lo que muchos consideran una "justicia selectiva" que beneficia a ciertos actores en detrimento de las víctimas.
La renovación de magistraturas y jueces en Veracruz será uno de los procesos más significativos en la reconfiguración institucional de 2025.
Más allá de los nombres y cargos, lo que está en juego es la posibilidad de reformar un sistema judicial que, para muchos, ha perdido su credibilidad, para otros en un juego donde se busca tener un control de las salas de justicia desde las altas esferas del poder.
Así las cosas.
Coatzacoalcos se convirtió ayer en uno de los municipios del Estado de Veracruz que ha cumplido la promesa de "internet para todos".
En conferencia de prensa, el alcalde Amado Cruz Malpica dio a conocer que hay 72 puntos de internet ubicados en diversos sitios públicos de la ciudad, que van desde parques, agencias municipales y bibliotecas, beneficiando a más de 127 mil ciudadanos.
Ya comentaremos mañana más de este logro.
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