Veracruz | 2024-12-23
Las intensas lluvias que se generaron a inicios del mes de octubre pasado dejaron serios daños en municipios del sur de Veracruz. No solamente afectaron a habitantes, sino también a la zona industrial.
Como se recordará, estas precipitaciones provocaron un socavón en la vía de tránsito, no solo a Nanchital, sino a importantes empresas que se ubican por la zona y que utilizan esta vía para enlazarse a la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, conocida también como Costera del Golfo.
Este socavón destruyó la carretera, dejándola partida e impidiendo el tránsito vehicular, incluso para otros habitantes de comunidades como Pollo de Oro, por ahí también se llega a Moloacán.
Luego del fenómeno meteorológico, industriales y autoridades de gobierno evaluaron los daños para intentar coordinar las labores de reparación, un tema que sufrió serios retrasos por las transiciones que se vivieron en el gobierno federal y el gobierno de Veracruz.
La afectación a la industria le costó mucho dinero y también a los habitantes de la zona, quienes dependen de esa ruta para poder realizar su desplazamiento laboral y hasta el transporte de mercancías que llegan a vender a Coatzacoalcos.
Poco intentó hacer el gobierno en ese sentido, al parecer también por falta de dinero. Es por eso que, en coordinación con la AIEVAC, empresas como Cryoinfra y Braskem Idesa, principales afectadas por el socavón, tuvieron que invertir más de 25 millones de pesos para hacer un puente nuevo.
La obra estaría por finiquitarse en la tercera semana de enero gracias a esa inversión privada, donde el gobierno solamente dio los permisos.
De no haber sido así, estarían esperando al menos la mitad de 2025 para ver si las autoridades responsables hubieran construido ese puente.
Ahí no solo fueron beneficiadas estas dos empresas, sino otras más que se sitúan en la comunidad de El Chapo y, por supuesto, también habitantes de Nanchital, cuya alcaldesa Esmeralda Mora, solo vio pasar el problema, aunque en sus declaraciones públicas hable mucho de su "intervención para solucionar" el tema.
Sin embargo, a los industriales les llama mucho la atención que, si no hay dinero y disposición por parte de las autoridades de gobierno para haber intervenido de manera inmediata y construir un puente en esa zona del socavón, cómo sí la hay para edificar infraestructura que ayude a la salida de camiones de carga del puerto para enlazarse al Coatzacoalcos Uno.
Se habla de la construcción de un puente para evitar que unidades pesadas transiten por la ciudad al salir con sus cargas de la Asipona.
Hay quienes ven una incongruencia con la construcción de esta infraestructura, pues, dado que hay muchas empresas instaladas en el puerto que utilizan unidades de doble remolque y existe una prohibición para que estos vehículos circulen por el Coatzacoalcos Uno.
En teoría, no podrían transitar por el puente; sin embargo, no siempre cuando se toma una decisión se llevan a cabo los elementos necesarios para una ejecución exitosa.
Tránsito del Estado y Transporte Público carecen del personal necesario para hacer una guardia permanente sobre el puente Coatzacoalcos Uno y evitar que estos vehículos de doble remolque pasen a pesar de la restricción decretada luego de la cancelación de la caseta de peaje.
Es común que en ciertos horarios estas unidades pesadas transiten sin que nada les impida el paso. La Guardia Nacional no existe en la zona.
Las autoridades viales han confesado que solo realizan operativos aleatorios ante la imposibilidad de estar de manera permanente.
Esta decisión ha impactado a muchas empresas, pues sus unidades tienen que dar la vuelta hasta el puente Coatzacoalcos Dos, generando más gastos a su operatividad.
Para muchos, la última Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) se encontraba en "terapia intensiva". El viernes pasado, se asegura que el gobierno de Veracruz decretó su "muerte".
Limitada para ejercer una férrea crítica al gobierno en turno, la CEAPP solo es un organismo autónomo extractor del presupuesto público, a pesar de que Veracruz está considerada como una de las entidades donde más asesinatos y agresiones ocurren en el país contra periodistas.
Por ejemplo, poco se le exigió a Cuitláhuac García cumplir la promesa de poner en la agenda pública el esclarecimiento de 18 crímenes ocurridos en la administración de Javier Duarte y cinco más durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Cinco acumuló el gobierno del morenista García Jiménez, contabilizándose 31 crímenes de comunicadores desde el año 2000.
Todo esto, a pesar de que, de acuerdo con datos de la misma CEAPP, en una encuesta realizada a periodistas, el 22.2% asegura que recibió intimidaciones por parte de la policía estatal y el 17.7% dijo ser agredido por algún funcionario del gobierno veracruzano.
Datos de otros organismos sí autónomos de la defensa de periodistas en encuesta a 220, afirman que en la entidad el 23% de los periodistas fue buscado y sustraído de su domicilio y, en la mayoría de los casos, casi el 65% se presume desaparecidos en vía pública. Además, de que la mayoría de las personas asesinadas, 65%, fueron desaparecidas previamente unas horas o días y después asesinadas.
Entonces, es ahí cuando surge la pregunta: ¿en qué ayudará una CEAPP que está integrada en un porcentaje importante por periodistas militantes de Morena?
Esto no es más que decretar su "muerte" y seguir desperdiciando recursos públicos de los ciudadanos en un organismo que no sirve para nada.
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