Veracruz | 2021-10-21 | Silverio Quevedo
La zona centro y la zona sur del estado de Veracruz se encuentran aún con las alarmas prendidas en materia de inseguridad, pues es sabido e incluso los hechos violentos, lo hacen evidente, que aún falta por recobrar la estabilidad social y paz ciudadana en esas regiones del estado de Veracruz.
No obstante, llama la atención que fue el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador quien resaltó que Veracruz ha tenido una mejora en los números positivos en cuanto a la procuración de justicia y a la baja de los niveles de inseguridad.
Y es que en Coatzacoalcos a pesar de que se contabilizan constantemente los días que lleva sin registro de un secuestro, está claro que en sus alrededores, por ejemplo, Sayula, Minatitlán, Acayucan y Cosoleacaque, la generación de violencia se encuentra a la orden del día.
Hasta el fin de semana se informó de que se cumplían 233 días sin casos de secuestro en Coatzacoalcos, lo que destacaban como una cifra histórica, en medio de reconocer el trabajo de autoridades federales y organizaciones civiles, pues efectivamente ese delito estaba golpeando fuertemente al puerto.
Ante esto, existe pues, la confianza que una vez que se consolide y el avance sea mayor del proyecto del siglo para el sureste veracruzano como lo es el canal interoceánico, con la consabida derrama económica por la inversión en la ampliación y nueva infraestructura portuaria en Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como por la construcción de vías terrestres y ferroviaria, las cosas puedan mejorar sustancialmente.
En el centro del estado, la lucha continúa, pero los grupos del crimen asentados entre Puebla Oaxaca y Veracruz, han hecho un ring de sangre la región de las altas montañas a partir de Orizaba hacia la sierra de Zongolica, y cerca de Córdoba, de Fortin a Huatusco y Yanga e Ixtazoquitlán, por ejemplo.
Y es que recientemente la organización Alto al Secuestro aseguró en su “Reporte Nacional diciembre 2018-septiembre 2021”, que la Fiscalía General del Estado dirigida por Verónica Hernández Giadáns no reportó casos de secuestro ocurridos en el mes de septiembre en Veracruz; pero cuestionó el trabajo de la misma al señalare que los datos carecen de credibilidad y confianza toda vez que no están basados en información oficial.
En tanto, los datos oficiales de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México reflejan que en el mes de septiembre la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía veracruzana inició únicamente tres carpetas de investigación por la comisión de este delito de alto impacto, asimismo, liberó sanas y salvas a cuatro víctimas y detuvo a 15 secuestradores.
Pero fue la propia titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez quien afirmó hace unos meses que Veracruz es ejemplo en el abatimiento a este delito, logrando una reducción ejemplar del 89% en la cifra de víctimas entre febrero de 2019 a mayo del presente año.
Ahora, López Obrador ejemplificó la estrategia que está implementando el gobierno estatal en Veracruz para reducir los índices de delincuencia y con ello, de alguna forma desmintió las declaraciones contrarias de organismos como Alto al secuestro.
“Veracruz es un ejemplo de que se pueden combatir la violencia y los delitos”, expresaría el mandatario nacional apenas después que la titular de la SSP federal, mostrara las estadísticas y en ellas se reflejara que en la entidad se han reducido estos niveles. Es decir que en general en ese sentido, las cosas se están haciendo bien.
MUY EN CORTO
VEN JURISTAS LEGAL LAS PLURIS. Ante la reciente controversia que se generó por la designación de plurinominales por parte del Ople, pero sobre todo por el proyecto con el que se basó dicha distribución entre los partidos políticos, algunos a favor otros en contra, el abogado especialista en derecho electoral, Luis Enrique Villalobos Urbina, quien sostuvo que en un principio, al hacer los ajustes de subrepresentación y sobrerepresentación, el OPLE advierte que el género femenino se encontraba subrepresentado.
“Estaba clarísimo que harían falta seis mujeres para alcanzar 25 (de 50 integrantes), por lo que el ajuste se hizo a seis fórmulas postuladas, para que el Congreso pueda estar constituido eventualmente de forma paritaria”, explicaría el estudio en la materia.
Y a manera de conclusión Villalobos cerraría el tema con el siguiente análisis:
“El hecho que la norma establezca que los ajustes se harán a los partidos con los mayores porcentajes de votación, ello no puede ser una premisa que deba guiar de manera rígida o estricta la forma de realizar las modificaciones de género de forma tal que los ajustes se constriñan a uno o dos de los institutos políticos con mayores sufragios, pues como se ha dicho, el principio de paridad de género debe garantizarse junto a otros principios, no se trata de un único principio que rija en la materia y que por tal motivo se deba exigir a su cumplimiento a un solo instituto político o dos, para el beneficio individual”.
Y agregaría: “el contrario, la interpretación debe ser flexible atendiendo a la necesidad de modificaciones para lograr el principio constitucional paritario, de modo que el concepto de partido político con los mayores porcentajes de sufragios sea más amplio y abarque un mayor número de partidos políticos en proporción al número de diputaciones que deban cambiar de género. Máxime que la obligación de garantizar tal principio, aún cuando se expresa en definitiva en la composición final del órgano legislativo, ésta es instrumentada por todos los partidos políticos, pues suponer lo contrario, significaría que unos partidos sí deben garantizar la paridad y otros no, lo cual es un criterio arbitrario y carente de razonabilidad”.