| 2024-12-28
El presupuesto asignado a los partidos políticos en Veracruz para el proceso electoral 2025 que asciende a más de 264 millones de pesos, vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente: ¿es realmente necesario destinar recursos tan elevados a las fuerzas políticas en un contexto donde las necesidades sociales incrementan?
Si bien es cierto que el financiamiento público busca garantizar la equidad en las contiendas electorales, resulta inevitable cuestionar si estos montos se traducen en un fortalecimiento democrático o si perpetúan un esquema que beneficia a las cúpulas partidistas.
En un estado con tantas carencias sociales, ¿no sería más pertinente replantear el modelo de financiamiento para que sea proporcional a los resultados y la transparencia de los partidos? La democracia debe sostenerse, pero no a costa de desviar recursos que podrían atender necesidades urgentes de la población.
La política en Veracruz ha estado dominada por campañas de guerra sucia y conflictos internos, tanto en el PAN como en Morena. Estas fracturas podrían convertirse en un factor determinante para las elecciones de 2025, complicando el panorama para cualquier aspirante.
En el complejo y polarizado panorama político de Veracruz, el nombre de Francisco Ávila Camberos ha resurgido. Sin embargo, el camino hacia una candidatura no está exento de obstáculos ya que deberá demostrar que puede lidiar con las tensiones internas de su partido y con las adversidades de una política estatal profundamente dividida.
Sin duda Veracruz necesita líderes que puedan superar los intereses partidistas y responder a las verdaderas necesidades de la población.
La situación en los módulos de licencias de conducir de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río refleja un problema recurrente: procesos burocráticos ineficientes que terminan afectando directamente a los ciudadanos.
Las largas filas, la falta de sistemas funcionales y la incorporación de requisitos adicionales, como la constancia de situación fiscal, complican aún más un trámite que debería ser ágil.
Para quienes trabajan y deben pedir permisos para cumplir con estos procedimientos, la demora no solo genera molestias, sino también pérdidas económicas.
Además, los usuarios tienen razón al cuestionar la vigencia de las licencias, pues renovarlas cada tres años, con costos elevados, no parece justificarse en comparación con otras entidades donde son válidas por más tiempo.
Es momento de que las autoridades escuchen estas quejas y trabajen en soluciones que reduzcan la burocracia, modernicen el sistema y prioricen la eficiencia. La ciudadanía no debe cargar con los costos de un servicio público deficiente.