Veracruz | 2020-05-29 | Raymundo Jiménez
Hay quienes creen –equivocadamente, por supuesto– que la silla del Fiscal General del Estado está “maldita”, ya que ninguno de los primeros dos titulares de este órgano constitucionalmente autónomo creado en diciembre de 2014 ha podido cumplir los nueve años para los que fueron designados por el Congreso local.
El abogado duartista Luis Ángel Bravo Contreras tomó protesta ante el pleno de la LXIII Legislatura del estado en enero de 2015, pero al año siguiente, en diciembre de 2016, renunció presionado por el nuevo mandatario estatal Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, quien en su lugar impuso a Jorge Winckler Ortiz, un litigante de su absoluta confianza que finalmente fue separado de su cargo en septiembre de 2019 por la diputación de Morena, después de un primer intento fallido operado en febrero de ese mismo año.
Casualmente, el nuevo grupo gobernante promovió hace nueve meses como encargada provisional de la FGE a Verónica Hernández Giadáns, quien venía desempeñándose como directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, la cual ha sido designada ahora por la LXV Legislatura local como titular para el periodo 2020-2029.
Así, pues, la única manera de que la abogada oriunda de Santiago Tuxtla concluya por primera vez el periodo completo para el que acaba de ser votada por la mayoría calificada del Congreso estatal no va a depender de los poderes mágicos de los brujos de su terruño que exorcicen la silla de sus frustrados antecesores, sino del trabajo que a partir de ahora, ya como titular, realice al frente de la FGE para erradicar la corrupción, los rezagos y vicios que siguen prevaleciendo al interior de esta institución, a fin de garantizar la procuración de justicia pronta y expedita a los veracruzanos.
Sólo así, Hernández Giadáns podrá sobrevivir políticamente hasta el sexenio siguiente en caso de que el grupo en el poder que la ha ratificado por nueve años en la titularidad de la FGE perdiera la mayoría en el Congreso local en 2021 o la gubernatura en 2024.
El paquete para la abogada tuxtleca no es menor, pues según el doctor en derecho Tomás Mundo Arriasa, otro de los 20 abogados que aspiraban a la FGE, “sólo en el 1.14 por ciento se ve legalidad en las carpetas de investigación” y existe “un rezago de 280 mil carpetas de integración al debido proceso”.
Señaló además que en Veracruz proceden 8 de cada 10 amparos porque se ignora lo que es la teoría del delito y el Sistema Penal Acusatorio.
En su opinión, urge sentar las bases de un nuevo sistema de justicia penal, reestructurar la Policía Ministerial hasta certificarla, combatir el rezago y revisar, caso por caso, los 400 expedientes de indígenas de Chicontepec, Papantla y Zongolica que están en la cárcel ilegalmente y cuyos derechos les fueron violentados por corruptelas.
Además apuntó que Veracruz está en penúltimo lugar nacional en materia de Servicios Periciales.