Veracruz | 2022-06-17
El palo jurídico que ayer les dio el Poder Judicial de la Federación a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) al exonerar y ordenar la liberación de José Manuel del Río Virgen –exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien permanece preso desde diciembre de 2021 por la supuesta autoría intelectual del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, René Tovar, ejecutado en junio del año pasado–, deberían hacer reflexionar y analizar fría y críticamente, sin apasionamientos, tanto a los diputados del Congreso local como al gobernador Cuitláhuac García sobre el cuestionado desempeño de ambas instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia en Veracruz.
Porque precisamente en su afán de abatir los índices de impunidad, corrupción e injusticias en la entidad es que tanto el Poder Legislativo como el titular del Ejecutivo estuvieron de acuerdo en destituir primero al fiscal yunista Jorge Winckler en septiembre de 2019 y luego, en octubre del año siguiente, a la magistrada Sofía Martínez Huerta, presidenta del Consejo de la Judicatura y del TSJE.
Sin embargo, la percepción general es que estos cambios no han mejorado sustancialmente la procuración y administración de justicia en Veracruz durante los últimos dos años.
Ayer, al conocer el fallo del tribunal colegiado que ordena la inmediata liberación de su excolaborador, el senador Ricardo Monreal difundió un video en el que acusa que “se han cumplido 177 días de la infamia cometida en contra de José Manuel del Río Virgen, quien lamentablemente no es la única persona que en estas prisiones se encuentran privados de su libertad, aunque sean inocentes”.
“Hoy se confirmaron la injusticia y la aplicación torcida de la ley. Hoy se ratificó que sí hubo una ominosa persecución política en contra de José Manuel y que no hay delito, además de que se violaron sus derechos humanos.
“Se corroboró también lo que sostuvieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la mayoría de senadores y senadoras, los luchadores sociales y los expertos en materia jurídica penal”, afirmó el zacatecano, quien cuestionó: “¿quién reparará el daño causado y el prestigio de él y sus familiares?”.
“Durante estos meses, distintas personas han recobrado su libertad al ser demostrada su inocencia. Faltan más y nuestro compromiso es luchar por ellas, en este estado donde la justicia está muy alejada y donde el autoritarismo cada vez es un asunto cotidiano, en donde se aplica un día sí y otro también”, expresó Monreal, quien prometió que seguirá recurriendo a la justicia federal para combatir “las graves desviaciones” que cometieron la fiscal Verónica Hernández Giadáns y el juez de consigna Francisco Reyes Contreras.
El senador celebró que los magistrados del colegiado confirmaran la resolución del Juez de Distrito a favor de José Manuel, pero insistió: “¿Quién pagará por esta persecución política y esta actitud del Fiscal y del Juez?”
“¿Quién enmendará psicológicamente también a las familias de otros inocentes detenidos en forma ilegal?”, reiteró.