Veracruz | 2022-12-09
El pasado viernes 2, desde el puerto de Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó el mensaje de que “no podemos utilizar las fiscalías de los estados, ni la Fiscalía General de la República con propósitos políticos o electorales”, expresión que el Jefe del Ejecutivo federal hizo en apoyo del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien manifestó su solidaridad porque, dijo, “está enfrentando una embestida, que considero es de tintes partidistas y no tiene que ver nada con la justicia”.
Esta condena de su máximo líder moral y político debió calar en la conciencia del grupo de Morena que desde 2018 gobierna en Veracruz, pero lamentablemente se ve que ni les incomodó.
Y es que a los casos de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado; del exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, excolaborador del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares; del exdiputado local y exalcalde de Tierra Blanca, Tito Delfín Cano, excandidato del mismo grupo a la dirigencia estatal del PAN, entre otros tantos más, ahora se ha venido sumar el del tesorero municipal de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas, quien desde la mañana del martes 6 fue reportado por familiares y amigos como desaparecido, y hasta horas después la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió que había sido detenido “en flagrancia” junto con Gioberti “N” por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que los presentaron ante el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos como “presuntos responsables de los delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública”, pues supuestamente al momento de su detención portaban droga y una arma corta y otra larga.
Sin embargo, desde hace casi un mes, el domingo 13 de noviembre, González Cárdenas, quien tiene fuertes diferencias con la alcaldesa morenista Lorena Sánchez Vargas, había grabado un video advirtiendo que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, planeaba detenerlo ilegalmente para “plantarle” drogas y armas con tal de sacarlo del ayuntamiento en contubernio con la munícipe de Morena, a la que acusó de haberle enviado sicarios a su casa para hacerle daño.
Por esa razón, sus familiares y amigos bloquearon ese martes 6 la carretera Salina Cruz-Acayucan exigiendo a la FGE su liberación, lo que se ve difícil por el control que tiene el secretario de Gobierno sobre la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, flamante presidenta del Tribunal Superior de Justicia, quien paradójicamente esa misma noche, en la posada navideña del Poder Judicial –entre cuyos invitados estuvieron Cisneros Burgos y la fiscal Hernández Giadáns–, resaltó que “dentro de la labor jurisdiccional no solo se trata de replicar formatos al momento de resolver, es deber velar por los derechos humanos de las partes, cuidar el debido proceso, proteger a los grupos vulnerables, aplicar la perspectiva de género y atender el interés superior de niñas y niños, vigilando siempre la aplicación de la norma, apegados a la legalidad y lealtad a la Patria”.