Veracruz | 2020-12-17 | Vicente Bello
Así comenzaban los posicionamientos en torno de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, con las que el Congreso mexicano por fin ha colocado una cincha a los Estados Unidos, con el acotamiento de la desbocada permanencia de sus agentes de la DEA, CIA y FBI en territorio nacional. Y, claro, pasando también sobre el indignante entreguismo –rayano en el delito de Traición a la Patria- de todos los diputados federales del PAN y de algunos otros de otros partidos, como el MC.
Dijo Lilia Villafuerte, diputada del PVEM: “Se trata de regular las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que hoy llevan a cabo agentes extranjeros en nuestro país, limitando la actuación de los segundos, únicamente al desarrollo de las actividades que señala la ley y en términos de lo dispuesto por la acreditación que se expida a su favor”.
El PRD en voz de José Aguilera Rojas: “Debemos recordar que, durante muchos años, los agentes extranjeros, principalmente los norteamericanos, operaron en la total impunidad. Esa situación se agravó en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, en donde se hicieron reformas legales que incluso les autorizaron portar armas y cometer todo tipo de delitos, sin ninguna responsabilidad penal o siquiera administrativa.
“Las agencias extranjeras no solo operaban en total libertad, sino que tienen oficinas en un edificio situado en el corazón mismo de la Ciudad de México, en la avenida Reforma, edificio en el cual, paradójicamente, llaman Oficina Binacional de Inteligencia (y) en la cual se encuentran funcionando al menos 12 agencias de seguridad de los Estados Unidos, entre las que destacan la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Antidrogas (DEA), la Agencia de Control de Armas de Fuego y Tabaco (TOBACO), la Agencia de Inteligencia de la Defensa y la Oficina Nacional de Reconocimiento.
“En este dictamen, un avance muy importante es que se señala que en la comisión de un delito no se podrá alegar inmunidad de ningún tipo, por lo que tendrá que seguir un proceso judicial, en el cual se determinará su responsabilidad penal.
“Adicionalmente, se establece que en caso de que gobiernos inciten a la comisión de delitos para llevar a personas fuera del territorio nacional, los convenios de colaboración con estos gobiernos quedarán suspendidos, lo cual pone freno inmediato a la impunidad en casos como el operativo Rápido y Furioso, que muchos conocemos. Se introdujeron miles de armas a nuestro país, causando con ello desolación y muerte. Y todo ello sin ninguna consecuencia”.
Turno del PES a través de Esmeralda Moreno Medina: “Sin duda, la colaboración entre diversas instituciones y autoridades encargadas de combatir el crimen organizado entre países es fundamental, sobre todo, para lograr desmantelar redes criminales, afianzar las indagatorias e investigaciones de tal manera que deriven en procesos judiciales, y hay muchas formas de generar colaboración internacional entre agencias y oficinas, como son las operaciones realizadas conjuntamente o la participación de agentes extranjeros en el territorio de otras naciones, bajo el principio de que los Estados son iguales jurídicamente y gozan de plena soberanía, siendo la integridad territorial inviolable”.
Venía entonces Carmen Prudencio González, del MC, quien, en favor de los intereses de los Estados Unidos, decía: “La práctica de legislar al vapor constituye un retroceso al actuar de esta Cámara de Diputados.
“En nuestra opinión, el dictamen a discusión requiere de un análisis profundo que reconozca los alcances y consecuencias que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional tendrá a la cooperación internacional y en la seguridad interna de nuestro país.
“La construcción de política exterior mexicana, tarea ineludible correspondiente al Ejecutivo de este país, debe de buscar en todo momento que prevalezcan los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de amenazas o el uso de fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
“Atendiendo a estos principios se debe tener una defensa razonada en el actuar que tenemos con otros Estados, buscando el bien común entre las naciones. Consideramos que los cambios que se proponen analizar en relación a las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el territorio nacional no deben de realizarse en la Ley de Seguridad Nacional, ya que estas se enmarcan dentro de las relaciones entre los Estados y no exclusivamente en lo relacionado a la seguridad nacional, sus riesgos y amenazas.
“Por otro lado, se está sobre regulando el tema, consideramos que solo debemos actualizar el acuerdo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde nacen estas condiciones, no existe impedimento, lugar legal para hacerlo, no hay necesidad de estas reformas.
“Es claro que los cambios propuestos a la Ley de Seguridad Nacional buscan fortalecer el paradigma centralista a través de la Seguridad Nacional, donde el Estado estará al centro de las actividades que los agentes extranjeros realicen en territorio nacional”.
Defendía la diputada de Movimiento Ciudadano el interés estadounidense, pretextando un centralismo con el que ahora se restringe la conexión de los gringos con gobiernos estatales y municipales, pretendiendo socavar al Estado mexicano y nutriendo un sospechoso balcanismo, muy al viejo estilo estadounidense con ayuda de traidores a la Patria que, para infortunio de México, no han faltado en todas las épocas.