Veracruz | 2022-01-24 | Paulina Ríos
La actual Fiscalía veracruzana, en manos de Verónica Hernández Giadáns pareciera haber aprendido muy rápido del pasado Yunista, que los morenistas tanto cuestionaron. No lo digo yo, lo dicen las decenas de juristas reconocidos que observan los abusos reiterados que se comenten con el uso reiterado de la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa para aparentar una auténtica procuración e impartición de justicia y de paso hacer uso político de la misma.
Casos en Veracruz, existen muchos, en los que la Fiscalía imputa delitos graves solo para conseguir la medida cautelar de prisión preventiva y así mantener en prisión a personajes políticos, observándose que durante el tiempo trascurrido de dicha medida -que puede ampliarse casi dos años- no ofrezcan mayores pruebas que permitan al juez agilizar la sentencia que ponga fin al procedimiento. De ello -dicen los que saben- que le pregunten a Ricardo Monreal y Dante Delgado.
Es un grito a voces, de propios empleados y abogados postulantes, que la Fiscal es manipulada por su jefe, el señor Secretario de Gobierno, de quien antes fue su directora jurídica, de ahí quizás, justifican, “su maquiavelismo” al continuar con prácticas Yunistas y usar políticamente la Prisión preventiva, que la propia norma establece, es el fin último del modelo de justicia actual.
Es así, que no debe extrañar, que, al concluir el máximo de la prisión preventiva, como ocurrió en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares –que los duartistas quedaron en libertad, pues no existía material probatorio que los incriminara para dictarles sentencia condenatoria- todos los presos de Giadáns queden en libertad. Habrá que recodarle a la Fiscalía veracruzana “autónoma” que como los abogados juristas le han recordado, el uso excesivo y político de la prisión preventiva también la puede hacer acreedora de diversos delitos, entre ellos el abuso de autoridad y ejercicio indebido de servicio público.
El sistema penal que nos rige, es ante todo garantista y es la presunción de inocencia la máxima que debe prevalecer. Contrario a lo que continúa ocurriendo en territorio veracruzano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia, la cual exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie.
En este sentido, se ha reiterado que la prisión preventiva oficiosa vulnera y/o limita de forma desproporcionada diversos derechos humanos (presunción de inocencia, libertad personal, derecho a la defensa, seguridad jurídica entre otros), reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano por parte de diversos organismos internacionales de vigilancia en materia de derechos humanos, así como criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Aseguran los juristas expertos, es necesario recordarles a las autoridades que encabezan la Fiscalía y el Poder Judicial, que más allá de la Prisión Preventiva existen otras 13 medidas cautelares de las que pueden hacer uso, como lo establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre ellas la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe; la exhibición de una garantía económica; el embargo de bienes; la inmovilización de cuentas; la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, entre otros. En Veracruz, parecieran no conocer más allá de la Prisión Preventiva, violando así el principio máximo de presunción de inocencia.