CAFÉ DE MAÑANA | 2024-03-18
Están de moda los escándalos por el presunto enriquecimiento -poco o nada inexplicable - de algunos servidores públicos en la actualidad en Veracruz, lo que debe llevar a revisar la norma en materia integral de la Contraloría General del Estado y los órganos internos de control en todas las dependencias y entidades públicas.
Es evidente que desde diciembre del 2018 y al inicio del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz, colaboradores en su primer círculo de poder y hasta colaboradores en otros pisos fuera del gabinete legal, en una revisión visual por la sociedad no soportan y menos justifican el crecimiento de emolumentos con el universo de bienes que poseen ahora, o sea, ni viviendo desnudos y sin comer junto a sus dependientes en todo lo que va del sexenio, logran ahorrar y poseer lo que ahora tienen.
Desde mayo del 2019 finalizado el primer periodo de declaración de modificación patrimonial que les correspondió, se empezaba a notar una desproporción en la forma de vida pública de más de uno.
A la fecha han transcurrido casi seis años y al menos 5 etapas de presentación - mes de mayo - de declaración de modificación patrimonial y es de destacar la relevancia de cumplir con esa obligación, como forma de que todos los servidores públicos garanticen su desempeño con apego a las normas jurídicas y presupuestales que regulan su actuación y evitar sorpresas, como ahora aparecen.
Y el no seguimiento oportuno y veraz por la Contraloría General del Estado junto con todos sus respectivos órganos internos de control (OIC) ubicados en las dependencias y entidades públicas de Veracruz, muestra que no se dio o ha dado el seguimiento a la información que se plasma en declaraciones, y no verifican los datos, para ver y saber si hubo o existe algún crecimiento desproporcionado del patrimonio o en caso de la omisión de dicha obligación de los servidores públicos, proceder normativamente.
"El tema de fondo es que a pesar de la aparente y quizá excesiva información que solicitan, los ojos de la sociedad están ávidos de que se explique, por quiénes las analizan con rigor, si todo y todos están regulares entre sus ingresos y egresos".
Dicho de otra forma, quienes lo hacen de manera simplificada no ponen bienes patrimoniales ni deudas sólo ingresos del año, pero aun así se debe checar si hay y existe o no una evolución patrimonial acorde dentro de la legalidad.
Es importante referir que uno de los objetivos principales génesis de las reformas constitucionales anticorrupción, versan sobre la verificación a través de la evolución patrimonial de los servidores públicos en un ejercicio fiscal anterior.
Incluso la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala cuando un servidor público debe acompañar a la declaración de situación patrimonial e interés, su declaración anual fiscal, en la hipótesis más relevante: el ingreso sea mayor a 400 mil pesos anuales o tenga otros ingresos, entre otros.
Finalmente, el acuse de recibido de la declaración no es garantía de que todo está dentro de la norma.
Y en todo este escándalo de la situación patrimonial de los servidores públicos en Veracruz en el sexenio por terminar, llama la atención que los diputados en el Congreso Local poco o nada han dicho.
¡ ES CUANTO !
José Luis Enríquez Ambell
enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com
Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.