Veracruz | 2023-04-04
En las agendas públicas de estos días es posible encontrarnos con una serie de ambiciosos proyectos que, si bien de origen exhiben su inoperancia, son merecedores de ser examinados con mayor detalle por el efecto disruptivo que pueden ocasionar dentro de otras sociedades.
Una situación que afrontamos en México, una vez más, después de que cobrara renovado brío una añeja solicitud norteamericana que busca tipificar -dentro de las leyes de los Estados Unidos- a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas. Dotando a Washington de la facultad para combatir a estos grupos al interior de nuestro territorio.
Iniciativa que en el primer trimestre de este año ha sido recuperada por un grupo de políticos republicanos, conformado por 21 fiscales estatales y el Senador Lindsey Graham, y cuyo precedente de mayor trascendencia podemos encontrar -un año atrás- en una orden ejecutiva del Gobernador de Texas, Greg Abbott; designando como organizaciones terroristas a los cárteles de droga mexicanos. Ver: https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-designates-mexican-cartels-as-terrorist-organizations
Considerando que sería un esfuerzo estéril tratar de indagar en las motivaciones que impulsan a este tipo de iniciativas, en este espacio nos enfocaremos en exhibir algunos elementos que nos ayudarán a entender por qué estamos ante una idea que, aún llegando a ver la luz, no resolvería un problema de seguridad cuyo núcleo motriz -podríamos advertirle a sus promotores- “es la economía estúpido” (James Carville, 1992).
Cada vez que abordamos el estudio o análisis del terrorismo como una actividad criminal unidimensional y no en su auténtica representación, como un método para sembrar el terror, hay un elemento nuclear del cual se debe partir, no importando si dicho análisis obedece a fines públicos, académicos o especializados (contraterrorismo): así como para la delincuencia organizada buscar un beneficio económico y/o material es el germen de su existencia misma, para el terrorismo la identidad política, ideológica o religiosa son sus ejes articuladores y de acción.
Estamos frente a una distinción nítida, entre lo que representa el actuar criminal de la delincuencia organizada y la actividad terrorista; que, a pesar de su claridad, suele ser manipulada cuando el interés nacional de los Estados poderosos así lo demanda.
Como argumenta Paul R. Pillar en su libro, Terrorism and U.S. Foreign Policy, “en el concepto que tenemos de terrorismo, debemos distinguir claramente… entre, por ejemplo, el presunto bombardeo por agentes libios del vuelo 103 de Pan Am y el derribo accidental de la aeronave de Iran Air 655, en el Golfo Pérsico, por parte del buque crucero norteamericano U.S. Vincennes”. (Paul R. Pillar, 2001, Terrorism and U.S. Foreign Policy, Brookings Institution Press, p.16)
En ambos casos los países involucrados denunciaron -con argumentos propios- haber sido víctimas de un ataque terrorista. Sin embargo, de acuerdo a Pillar, ambos acontecimientos son “fundamentalmente diferentes". Estados Unidos continúa manifestando que el derribo de la aeronave de bandera iraní, donde murieron 290 pasajeros, fue un acto “accidental" que nada tiene que ver con la agresión premeditada de los agentes libios (que cobró la vida de 270 pasajeros).
En estas líneas no buscaremos polemizar con los argumentos externados por quien fuera agente de la CIA por 30 años, por lo contrario, utilizaremos convenientemente su interpretación del terrorismo ya que, esta, resulta ser la óptica reglamentaria del gobierno de los Estados Unidos. Sí, ese Estado cuyos representantes han sugerido, en múltiples ocasiones, tipificar como organizaciones terroristas a un subgrupo de la delincuencia organizada de nuestro país (los cárteles del narcotráfico).
Veamos, apoyados en esta óptica norteamericana, qué es lo que distingue al terrorismo de cualquier otro acto criminal.
El terrorismo consiste en ejercer una “violencia premeditada y políticamente motivada que es perpetrada contra objetivos no combatientes por parte de grupos subnacionales o agentes clandestinos, teniendo usualmente la intención de influir en una audiencia objetivo”. (Ibídem, pág. 13)
Así, el acto terrorista es un asalto criminal alevoso que, de acuerdo a Pillar, solo podrá verificarse si se cumple, de forma simultánea, con las siguientes cuatro manifestaciones.
Premeditación: de acuerdo a Pillar, el terrorismo no es un acto de agresión repentina, o accidental (represalia iracunda). Su manifestación es resultado de una planificación previa, donde la intención por agraviar prevalecerá no importando si el acto terrorista falla, o no se realiza. El horror del terrorismo subyace en esa fijación que tienen los perpetradores por ocasionar el mayor daño (humano) posible en un futuro que nos resulta enteramente desconocido.
Motivación política: poder servir a un propósito superior, en donde el bienestar personal es completamente relegado, es una característica esencial que distingue a todo acto terrorista de cualquier otra manifestación criminal. Así, mientras la violencia delincuencial está motivada por una ganancia económica o deseos de venganza (bienestar personal), el terrorismo lo hace por un motivo que sirve a un bienestar mayor común: favorecer un determinado orden social, político o religioso. Esta es la razón por la cual, nos dice Pillar, el terrorismo demanda la utilización de tácticas con mayor penetración que solo el uso de la fuerza policial.
Objetivos no combatientes: un principio que distingue al acto terrorista de otros tipos de actividad criminal, es que esta última siempre estará dispuesta a confrontar a la fuerza pública en su afán por defender el logro de un objetivo (delincuencia organizada). El terrorismo, por lo contrario, buscando eludir la confrontación, tratará en todo momento de atacar a su objetivo en un momento en que este se encuentra vulnerable y sin posibilidad alguna de defensa.
Actividad de grupos subnacionales o agentes clandestinos: Este elemento es de esencial importancia para el gobierno de los Estados Unidos, toda vez que su gobierno debe saber distinguir entre una agresión de guerra y un ataque terrorista. La agresión armada que proviene de un ejército regular no es terrorismo, es un acto de guerra.
Entonces, ¿Qué distingue al terrorismo de cualquier otra manifestación criminal, como lo sería la delincuencia organizada?
De acuerdo a la interpretación conceptual que acabamos de explorar (cuya importancia, nos dice su autor, radica en que esta óptica refleja la posición oficial de los Estados Unidos y de los encargados de estudiar este tema), es la capacidad de acción y reacción inmediata (sin previa premeditación), la motivación económica y material, así como su capacidad y voluntad para confrontar a la fuerza pública (con el uso de las armas) lo que hace de la delincuencia organizada una amenaza claramente identificable y disociable de la actividad terrorista.
Con lo anterior no se pretende afirmar que la delincuencia organizada esté exenta de realizar acciones que puedan ser tipificadas como actos terroristas (terrorismo como método). Para ello, habrá que registrar -primero- que un acto criminal no responda a las siguientes motivaciones: venganza personal, un error operativo (de acuerdo con la óptica de Pillar), protección de un interés particular, pugna entre bandos delincuenciales, incumplimiento de acuerdos criminales, y todo acto de violencia que, se verifique, busque una ganancia económica o bienestar personal. De ser este el caso, no estamos frente a una amenaza terrorista, sino frente a una actividad de la delincuencia (en cualquiera de sus modalidades) que merece ser enfrentada con todo el peso de la ley.
Una reflexión que sería de gran utilidad para todo político que está involucrado en temas de seguridad, no importando su nacionalidad, es que el narcotráfico y el terrorismo no pueden ser entendidos como un flagelo unidimensional. Una lógica de mercado, donde la oferta y la demanda de un producto son los que regulan la dinámica criminal, jamás podrá ser lo mismo que una lógica donde sólo existe una oferta del horror.
Enfrentar todo tipo de actividad criminal siempre ha requerido -y requerirá- el uso de la fuerza pública, no importando si es terrorismo o una economía criminal. Lo erróneo es imaginar que la delincuencia organizada, en cualquiera de sus múltiples modalidades, está constituida por una esfera de afiliados monocromáticos, al estilo de esas pandillas que en El Salvador de Bukele han resultado ser fácilmente identificables.
La delincuencia organizada no responde a una etiqueta ideológica, cultural o cutánea, lo hace ante una motivación “puramente económica”. Múltiples fortunas y poder político han sido construidos al amparo de esta actividad. Habrá que preguntarle al Senador Lindsey Graham si alguna vez ha leído el libro de James Bradley, titulado “The Imperial Cruise”. Seguramente estaría fascinado al recordar que uno de los presidentes con mayor prestigio en la historia de su país logró su fortuna gracias a esa actividad “económica” que ahora se pretende calificar como terrorismo.
De acuerdo a este libro, Warren Delano, abuelo de quien fuera presidente de los Estados Unidos entre los años de 1933 y 1945, amasó parte de su fortuna gracias al comercio ilícito del opio en China; actividad conocida hoy en día como narcotráfico.
Declarar que el narcotráfico es lo mismo que el terrorismo, no solo equivaldría a reconocer que en Estados Unidos y México la cara más aberrante de la criminalidad ha podido encumbrar a poderosas figuras públicas y hasta jefes de estado. El auténtico peligro es para los ciudadanos, quienes día con día podrían estar disfrutando de un buen café, circulando en una vía pública o gozando de las amenidades de un buen hotel al lado de un sujeto que, por un capricho político, ahora podría estar siendo capturado como se captura a un “terrorista”.
¡Eso sí que da mucho miedo!
José Manuel Melo Moya.
Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ganador de la “Medalla al Mérito Universitario”.
Posee diplomados en análisis económico, inteligencia y estudios prospectivos por la Organización de los Estados Americanos (OEA), Escuela de Inteligencia Antidrogas (Colombia) y la UNAM.