| 2022-06-25
Cómo han cambiado los tiempos. En la recta final del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, comienzan a trascender una serie de estafas y actos presumiblemente delincuenciales del llamado “cártel del despojo”, integrado por actuales y exservidores públicos del gabinete legal y ampliado del mandatario oaxaqueño, mismos que a pesar de las denuncias disfrutan de protección oficial y hasta de premios. Ninguna indagatoria, al menos conocida públicamente, pesa sobre fedatarios y hasta funcionarios federales o estatales que, según el reportaje de Pedro Matías (revista Proceso número 2381, correspondiente al 19 de junio de 2022), han sido señalados en carpetas de investigación o en denuncias suscritas por particulares, legisladores y organismos defensores de derechos humanos.
Se trata de “una red integrada por notarios públicos y funcionarios federales y estatales (que)realiza resurrecciones, desaparece legalmente a personas, altera actas de nacimiento y manipula (hasta) el Registro Nacional de Población (y el Registro Civil de Oaxaca) para concretar despojos de inmuebles en Oaxaca. Sobre este grupo delictivo existen unas 200 denuncias, pero hasta el momento la autoridad judicial o administrativa no ha actuado contra alguna persona. El gobierno de Murat -eso sí- “ha removido de su cargo a integrantes de esta red criminal…para entregarles notarías”.
Medios locales como Primera línea y otros han difundido el tema, pero no ha sido hasta la publicación en Proceso cuando adquiere mayor relevancia. Sin embargo, a nivel político no parece haber preocupación de Murat por deslindarse o aclarar estos señalamientos, atareado, después de la estrepitosa derrota sufrida por su partido y candidato, en arreglar maletas para emprender la graciosa huida.
En el “cártel del despojo” figuran, además, “funcionarios del (Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca, IFREO), del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca (ICEO) y al menos seis notarios públicos, quienes se han adueñado ilegalmente de propiedades (o han favorecido a sus clientes) mediante operaciones bajo sospecha”. A ellos se les señala “por robar identidades, ‘matar’ legalmente y revivir muertos para concretar sus fechorías con protección oficial. Esta operación ha causado la “muerte” legal de un millar de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, que ya han ganado su juicio ante instancias de justicia agraria, gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado complicidad de funcionarios del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.
Otro caso es el de los Hermanos Gómez Conzatti y Martínez a quienes presuntamente los desaparecieron legalmente mediante arreglos de un notario para quedarse con su propiedad. En condición similar, señalado en el reportaje, se halla la viuda del médico Gerardo Ricárdez Bernardino, a quien se ha intentado despojar de siete terrenos mismos que, presuntamente, fueron vendidos a precios irrisorios a diversas personas, ante la fe de otro notario.
En la comisión de justicia de la cámara de diputados federal se analiza un punto de acuerdo presentado por la diputada Margarita García en el que pide intervención de autoridades estatales y las fiscalías General de la República, Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y Combate a la Corrupción (para que) integren carpetas de investigación ante la presunción de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, cohecho, tráfico de influencias, falsificación de documentos y falsedad de declaraciones.
Se ha sumado a la denuncia, la legisladora Natividad Díaz Jiménez, en el seno del Congreso local, y lo han replicado otros diputados, pero no ha ido más allá de solicitar la comparecencia del Fiscal del Estado para que explique su nivel de intervención en este entramado que ha hecho víctimas a dueños de propiedades en el centro histórico y en la zona conurbada.
Hay notarios públicos que desde años atrás se prestan a este tipo de ilícitos, sin que hayan perdido su fiat, su reputación o que autoridad alguna los haya castigado, al igual que funcionarios y exfuncionarios altamente recomendados que se adueñan de dependencias como RC, IFREO e ICEO, Consejería Jurídica y otras, porque desde ahí “controlan” o pueden desaparecer todo lo que se registra en materia de propiedades de bienes muebles, inmuebles, empresas y comercio. ¿Tiene algo qué decir el gobernador? ¿O los afectados tendrán que esperar a que Salomón Jara se decida a llamar a cuentas a Ali Babá y sus más de 40 ladrones que llegaron del Estado de México – con sus cómplices locales- a expropiar vidas y haciendas de las y los oaxaqueños?
@ernestoreyes14
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