Veracruz | 2021-12-20 | Paulina Ríos
Las cosas en el Poder Judicial, al menos económicamente mejorarán para 2022 con el aumento previsto de 400 millones de pesos -que en éstos día habrá de avalar el Poder Legislativo- lo que permitirá que puedan librarla.
Claro está que resulta por demás alarmante que las autoridades de dicho Poder, no pongan remedio a su crisis y su endeudamiento, pues más allá de solucionar el problema de raíz, les resulta más fácil pedir aumentos o préstamos.
Lejos de otros males que se suman, el verdadero origen de la crisis en el Poder Judicial son los contratos generados mediante el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP) acordados en tiempos de Edel Álvarez Peña como Presidente, con empresas ligadas a los Yunes azules, bajo la justificación de construcción de inmuebles necesarios para enfrentar la oralidad en el sistema penal.
El problema y la crisis ahí están, lo que no se observa son las soluciones a ese mal, pues todo parece indicar que la intención es seguir consintiendo el negociazo de Edel y el ex Gobernante Miguel Ángel Yunes con empresario ligados a ellos y algunos de éstos involucrados en Panamá Papers y así seguirles pagando para que continúen llenándose los bolsillos con ese negocio redondo.
Un fraude que comprometió el presupuesto público federal por 25 años y del que no se busca solución alguna. Apenas en julio de este año, la magistrada Isabel Ines Romero Cruz –mal asesorada- propuso al Congreso le autorizaran modificar los contratos, para seguirles pagando, pero a más tiempo y en pagos más pequeños, evidentemente aquella propuesta solo exhibió al Poder Judicial.
La única salida para enfrentar su crisis -a la que se suman el pagado de salarios caídos y de más prestaciones a magistrados y trabajadores despedidos que han ganado en los tribunales- es anular los contratos que dieron origen a la deuda actual, en la cual dicho poder se comprometió con las empresas: Desarrolladora CJI SAPI de CV, Desarrolladora CJII SAPI de CV, Desarrolladora CJIIISAPI de CV y Desarrolladora CJ IV SAPI de CV, propiedad de los hermanos Ruiz Anitúa, quienes subcontrataron a Espacios y Edificios Modernos SAPI de CV, para la edificación de dichos inmuebles. De dichas empresas como ya se ha reiterado algunos socios son: Francisco José Ruiz Anitúa, Carlos Francisco Nachón García, Alfonso Díaz De Vega, Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno.
Así es que, más allá de continuar con el pago de dichas obras que además se han criticado por el retraso y mala calidad, lo procedente es anular dichos contratos. De ahí que lo alarmante se encuentre en la falta de interés por hacerlo y al contrario se busque seguir pagando a dichas empresas u empresarios; la gran pregunta es ¿Por qué? y la respuesta pareciera tenerla usted amable lector -sí efectivamente es por ello- por falta de voluntad, vicios, corrupción y acuerdos en la oscuridad, que mantienen comprometido al Poder Judicial.
Así es que, sí tanta queja existe por la deuda del dicho poder y el dinero no alcanza y lo que ocurre es culpa del tan criticado pasado, váyanse a la legislación, hurten en las leyes específicas y aplicables en la materia y vean que dichos contratos pueden ser cancelados, anulados, revocados o como usted le quiera decir, por vicios y errores en el objeto que dio origen a los mismo. Soluciones hay, lo que falta es voluntad.