Veracruz | 2020-10-13 | Raymundo Jiménez
Pese al reiterado discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su lucha contra la corrupción, la percepción de la mayoría de sus gobernados es que esta lacra social no ha podido ser abatida aún en esta primera administración de Morena.
Según la última encuesta publicada este domingo 11 por “México Elige”, la agencia de investigaciones digitales reveló que el 63.8 por ciento de los entrevistados considera que en el gobierno de AMLO sí hay corrupción, mientras que sólo 24.7% afirma que ya no existe, y un 11.5% dice no saber.
Hace tres meses, el 5 de julio, la misma agencia reportaba que el 27.6 por ciento de los encuestados consideraba que la corrupción era el principal problema del país, por encima de la seguridad (22.3%), de la economía (18.9%), y de los conflictos sociales (17.0%).
En Veracruz, donde gobiernan los aliados del Presidente, deberían tomar nota de estos indicadores, pues en los últimos días han sido expuestos públicamente graves casos de corrupción –inclusive por los propios miembros del partido en el poder–, sin que hasta el momento los altos mandos del gobierno, tanto el Ejecutivo como los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, hayan decidido tomar cartas en el asunto.
El suicidio, la semana anterior, del ex integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado (PJE), Mauricio Duck Núñez, desató especulaciones porque coincidió con el escándalo mediático por el saqueo de cientos de millones de pesos que fueron sustraídos el año pasado del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, que habrían sido mal utilizados.
Pero hasta ahora, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, no sólo se ha visto omisa para investigar y perseguir esos presumibles desvíos millonarios sino que ella misma también ha sido señalada de malversar los recursos del PJE y de incurrir en actos de nepotismo.
A su vez, el viernes pasado, el diputado Magdaleno Rosales Torres, de Morena, denunció que el coordinador de Comunicación Social del Congreso local, Aldo Valerio Zamudio, en complicidad con la jefa de prensa de su grupo legislativo, Vania López González, crearon cinco medios informativos para autoasignarse contratos, de los cuales tan solo dos facturan 350 mil pesos.
Rosales Torres acusó también que ambos voceros le pidieron hace un año y medio 10 mil pesos mensuales para publicarle su trabajo legislativo en las páginas digitales de Morena y del Congreso. Y sobre el caso de su hijo que cobraba 15 mil pesos mensuales como asistente legislativo, aseguró que familiares de otros diputados también están en la nómina de la Legislatura, “pero nadie dice nada”, remarcó.
Entrevistado al respecto, el diputado cordobés Rubén Ríos Uribe, presidente de la mesa directiva del Congreso, respondió evasivo que si su camarada tiene pruebas, que las presente ante la Fiscalía Anticorrupción o la Contraloría.
¿Su aparente indolencia será porque al igual que él, los voceros denunciados tienen intereses comunes en el municipio de Córdoba?