Veracruz | 2020-03-30 | Silverio Quevedo
Apenas un día después de que la periodista, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, tomara posesión como Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sospechosamente se dieron las bajas voluntarias del presidente y el secretario del mismo organismo.
El viernes, José Rubén Mendoza Hernández envió un oficio al Congreso de Veracruz donde presentó su renuncia al cargo por “motivos personales y por así convenir a sus intereses”.
En el documento enviado a la legislatura agradeció el apoyo brindado durante el tiempo que se desempeñó en el cargo conferido.
Claro que la llegada de la nueva titular se da en tiempo y forma, pero precedida de la detención de su antecesora, casi el mismo día que terminó su periodo, Yolli García Álvarez quien enfrenta un proceso llevado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición.
Tras la dimisión del Presidente, Arturo Mariscal hizo lo propio.
Ya en entrevista la nueva titular habló de los lujos y dispendios que se dieron dentro del Instituto, pero sin precisar al respecto.
Da cuenta de omisiones como en pagos de rentas hasta por 5 y 10 años, así como laudos laborales, es decir que no se cumplió con los trabajadores que en el pasado fueron liquidados, y por la vía legal obtuvieron la sentencia de que se les pagara conforme a derecho sus respectivos compromisos contraídos con el instituto.
Eso sí, la periodista Rodríguez Lagunes,hace hincapié en que hubo recursos para financiar, a personal y comisionados del IVAI, viajes al interior del país y hasta internacionales.
Sin contar la opacidad, pues muchos expedientes datan de hasta hace dos años, ya que las solicitudes nunca fueron atendidas.
La cloaca que se ha destapado en el Instituto apenas se irá desgranando y seguramente creceráluego de que los Comisionados renunciaron como fichas de dominó, uno tras otro el fin de semana, apenas unas horas después de la unción de la exfuncionaria de la Secretaría de Gobierno.
La pregunta es ¿qué más habrá de saltar a la luz pública de lo acontecido en el IVAI?, se antoja un manejo discrecional y anárquico, tal como el que se gestó en la Fiscalía durante la administración pasada.
MUY EN CORTO
CRIMINAL NEGLIGENCIA EN LA FISCALIA. Un amplio reportaje de la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias, en alianza con el International Center forJournalists y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS aporta datos reveladores de lo ocurrido en el manejo de la hoy Fiscalía General en Veracruz en al menos los últimos nueve años.
Publicado por IMAGEN este fin de semana, la información firmada por las periodistas Flavias Morales y Eirinet Gómez, indican que al menos 30 millones de dólares, es decir unos 600 millones de pesos, para Servicios Periciales, pero de estos un 70 por ciento de los recursos, fueron utilizados de manera discrecional.
Mientras que en la adquisición de equipo tecnológico, de acuerdo con los registros oficiales, se invirtieron solo 180 millones, es decir, tres veces menos que lo dilapidado del presupuesto durante ese tiempo por el organismo judicial.
Sin duda que lo plasmado por AVC y las colegas Flavia y Eirinet debe estar en los expedientes de la misma Fiscalía Anticorrupción que se le siguen al exfiscal Jorge Winckler, pero también debería incluirse la gestión de Luis Ángel Bravo, que al menos la segunda parte del sexenio de Javier Duarte se encargó de la misma.
“Según la investigación, en 2012 el Consejo Nacional de Seguridad creó dos programas de prioridad nacional para los que envió recursos, el de genética y el de apoyos a los servicios forenses. Pero los desvíos continuaron entre 2015 y 2016, con los funcionarios Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo –cuando no se construyó un almacén de evidencias, ni dos servicios forenses en Veracruz y Coatzacoalcos-.
Entre 2017 y 2018, con el cambio de gobierno, del PRI al PAN, y con la llegada de Jorge Winckler a la Fiscalía General, tampoco se lograron avances”.
Es en este concentrado de la información donde podría estar la esencia que se requiere para el desarrollo de los procesos judiciales y castigar a los responsables, si es que hay voluntad política en esta administración, ya que haber despilfarrado los recursos que eran para esa área tan importante, además de la impunidad y complacencia de las autoridades con el crimen organizado, llevó a que cientos y cientos de familiares no encuentren o ni siquiera tengan certeza sobre los restos de las víctimas de la violencia en la última década.