Veracruz | 2022-02-18 | Raymundo Jiménez
El presidente López Obrador todavía no logra desactivar el escándalo mediático de la casa de Houston que un exdirectivo de una empresa contratista de Pemex prestó a su hijo mayor José Ramón López Beltrán y a su esposa Carolyn Adams, cuando la DEA y el FBI destaparon la cloaca de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos considera el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección hizo jugosos negocios ilegales en México desde antes de la administración de Morena.
Anteayer, en Miami, fueron desclasificados documentos judiciales que confirman que Saab fue durante 2018 informante de la DEA. Pero en 2019 dejó de colaborar con la agencia antidrogas estadounidense, por lo que fue acusado en Florida al incumplir el plazo que le habían fijado para entregarse y enfrentar cargos por lavado de dinero.
En 2020 fue detenido en la isla de Cabo Verde, en África occidental, y el año pasado fue extraditado a EU, lo que el gobierno de Maduro calificó de secuestro.
Roberto Deniz, un periodista venezolano exiliado que fue el primero en descubrir los negocios ilícitos fraguados al amparo del poder por este empresario de 50 años de edad, afirmó en noviembre pasado que el juicio de Saab apuntaba a ser un nuevo caso Odebrecht por la telaraña de políticos latinoamericanos implicados en sus negocios. “Ahora no es Brasil, sino Venezuela, el eje de una trama de negocios oscuros con actores poderosos en varios países”, explicó Deniz hace más de tres meses a Elías Camhaji, corresponsal en México del diario El País, de España.
En junio de 2021, una investigación conjunta del periódico español y el portal Armando.info, de Venezuela, destapó que las autoridades mexicanas fueron cruciales para que funcionara una red dirigida por Saab que movió millones de dólares por todo el mundo. Los negocios se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria. Esos pactos nunca se hicieron públicos, pero se fraguaron con la intermediación de Maximiliano Reyes, subsecretario de Relaciones Exteriores de México para América Latina y el Caribe, y con la participación de la empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Pero lo más grave fue lo revelado por Noticias Caracol el 25 de octubre pasado: que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México dizque para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje señalaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), administrados por militares jubilados señalados de presuntos nexos con el narcotráfico y traficantes de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados. Luego, estos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.