Veracruz | 2020-11-05 | Silverio Quevedo
El año pasado el palacio municipal de Jamapa fue tomado por grupos políticos contrarios a quienes encabezaron el gobierno local, en aparente conflicto laboral al despedir a diversos empleados de la administración anterior que reclamaban su liquidación o reinstalación, según el caso.
El pleito fue escalando políticamente hasta llegar al Congreso Local que cumplió con la intervención de la Tesorería Municipal. Y paralelamente se abrieron carpetas de investigación tanto en la Fiscalía Anticorrupción como en la de Servidores Públicos, por los presuntos malos manejos de la pareja imperial.
Fernando Hernández Teherán, esposo de la alcaldesa del PAN en ese municipio, Florisel Ríos Delfín también cuenta con una orden de aprehensión y quien se desempeñaba como presidente del DIF municipal. Pero las versiones indican que era quien realmente manejaba la administración municipal.
Este día en la cabecera municipal los vecinos del palacio se alarmaron luego que vieron cuando elementos de civil en camionetas que finalmente resultaron ser de la Fiscalía detuvieron al director de Obras Públicas y a la extesorera, y pretendieron hacer lo mismo con la pareja de la alcaldesa, pero éste se introdujo en el inmueble y no fue posible detenerlo, al menos hasta la noche en que mantuvieron rodeado el mismo.
Se habla de un desvío superior a los 3 millones de pesos por lo que se les acusa, no obstante, la denuncia interpuesta en el 2018 ante la Fiscalía del Estado, solo señala un mal uso de un millón 510 mil pesos del Fondo de Infraestructura Municipal, FISM.
Los pobladores también dan cuenta que los amplios predios que constituyen las parcelas de la pareja presidencial en la comunidad El Rincón, estaban conformadas por maleza y se trataba de un terreno irregular, pero que hoy tienen electrificación y luminarias en cada una de las caballerizas con buenos corceles que ni en las películas habían visto en Jamapa y eso que cada año se acostumbran las cabalgatas.
Mientras que aún existen comunidades enteras en penumbras en el municipio durante dos años les tienen contabilizados la pavimentación de dos calles y la construcción de 3 domos como obra pública.
Ahora se les ha ejecutado la investigación de desvíos en dicha denuncia, o quizá su mayor error fue haber aceptado la intermediación y apoyo del diputado local, Magdaleno Rosales, por cierto, contrario, antagónico y crítico de la actual administración estatal.
Y en este municipio panista han empezado a comentar que otros alcaldes tendrán que poner sus “barbas a remojar” porque ni con los de casa ni con los de siglas diferentes en este caso el PAN, parece haber negociación de la justicia.
MUY EN CORTO
ACORRALADA EXPRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL. Los nubarrones se le acumularon en su futuro político este miércoles a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, quien recibió dos noticias que fueron como auténticos “ganchos” al hígado, metafóricamente hablando.
Y es que por un lado abogados del juez de control José Clemente Zorrilla Rostro presentaron ante el Congreso del Estado, una denuncia de juicio político contra la magistrada por presuntamente usurpar funciones.
Según la denuncia, la ex titular del TSJE instruyó mediante oficios el pasado 19 y 20 de octubre que se sustituyera al juez en varias audiencias y se realizara un informe de los expedientes judiciales a su cargo.
El segundo golpe asestado tuvo que ver con que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la justicia federal negó restituir en el cargo de presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz a la magistrada Sofía Martínez Huerta.
Lo anterior al declarar infundado el recurso de queja que presentó después de que el juez Décimo Octavo de Distrito se negó a ampararla y concederle la suspensión provisional con efectos restitutorios.
Ambos hechos parece que obligaron al equipo de Sofía Martínez a irse doblegando a las circunstancias ya que ayer por fin el hijo de la expresidenta que se desempeñaba como ex coordinador de Comunicación Social del Tribunal entregó, luego de negarse toda la semana pasada, la oficina a su cargo y firmó los documentos relativos al proceso de entrega recepción.
Y entre otros detallitos se ha hecho evidente el que no apareció un dron asignado a dicha área y con un valor superior a los 60 mil pesos que ya se encuentra en el inventario y que por supuesto nadie sabe a dónde fue a parar.
Desde luego que no sería la única anomalía que haya dejado la anterior administración del TSJE, pues se habla de un millonario desfalco que se estaría comprobando en breve cuando se presente la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019.