Veracruz | 2023-06-11
Ante la ausencia de una oposición inteligente, este domingo se da el banderazo de salida al proceso electoral del 2024, con la renovación de la presidencia de la república, la totalidad del congreso federal, aun uni y plurinominales, nueve entidades federativas con sus congresos locales y alcaldías que dará inicio al proceso electoral del llamado Plan C, para recuperar las acciones jurídico-mediáticas de sus antecedentes a los planes A y B, de la reforma eléctrica y energética, renovación y moralización del INE, INAI y SCJN. El reciente proceso electoral del estado de México y Coahuila indican que Morena gobernará casi 86 millones de mexicanos en 23 estados de la república, con mayoría en sus congresos locales y ayuntamientos. En el caso del Estado de México serán 95 alcaldías de Morena contra 30 de la oposición, mayoría en el congreso estatal. El caso de Coahuila lo conservará el PRI, en carro completo, en su congreso y ayuntamientos. Por cierto, con una raquítica respuesta de sus aliados PAN y PRD. Así es la democracia participativa.
Mucho alardearon una ausencia de votantes, casi el 47 por ciento, cuando tradicionalmente Peña Nieto tuvo un 58 por ciento de abstención, Eruviel ávila cerca del 53 por ciento y Montiel también más del 50 ciento, por lo que el proceso electoral de Delfina-Alejandra fue respaldada por mas de la mitad de los votantes. Todo ello con un INE reformado, un INAI aún ausente y en espera del silencio de la SCJN.
México deambula junto a sus hermanos latinoamericanos ante la amenaza de la guerra jurídica emanada de los grandes intereses imperiales de dentro y fuera de cada nación, los medios de comunicación, la presencia de una iglesia acomodaticia y convenenciera, legisladores, jueces y magistrados mocheados en forma cínica, así como periodistas, intelectuales y académicos protegidos del poder factico del neoliberalismo en decadencia.
El abuso del derecho penal se expande por América Latina: cada vez mas dirigentes políticos del campo popular que terminan presos o perseguidos. El lawfare o guerra judicial ocupa un lugar central en las campañas electorales y en las noticias en medios convencionales y redes sociales. Sin embargo, estos medios solo transmiten retazos de información respecto a este fenómeno político-jurídico. Su contenido, significado y alcance permanecen ocultos. El resultado es que los distintos usos - y abusos – del derecho penal terminan siendo incomprensibles para el público en general e incluso para abogados o estudiantes de derecho.
Los sucesos mas recientes se dieron en Ecuador, Perú y Colombia. A Pedro Castillo se le tiene en prisión por haber propuesto desaparición al Congreso Nacional, paralelamente en Ecuador, el presidente Guillermo Laso hizo lo mismo, y aún más, disolvió la Asamblea Nacional en pleno juicio político para destituirlo por cargos de malversación de fondos y convocó a nuevas elecciones en la inmediatez. Dos presidentes constitucionalmente elegidos en procesos electorales libres. La diferencia, Pedro Castillo de izquierda, maestro rural. Guillermo Laso, empresario de derecha, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil. Uno preso, el otro libre.
Otro caso, en Colombia, Gustavo Petro, de izquierda, ex guerrillero, apoyado por 12 millones de votos por el cambio en Colombia, es blanco del lawfare promovido por las élites, en contra de sus políticas en salud, vivienda, educación y combate a la pobreza. Petro salió a las calles encabezando una movilización social sin parangón denunciando a las elites de la derecha empresarial y política. Acosado desde varios frentes, movidos por la derecha colombiana, que entre otras cosas amenaza con paralizar al Congreso y congelar un paquete de reformas a las leyes de salud, trabajo y pensiones, el presidente Gustavo Petro salió a manifestarse a las calles de esta capital al frente de decenas de miles de simpatizantes.
Al denunciar nuevamente indicios de que se fragua en su contra un golpe de Estado o golpe blando –ha usado ambos términos–, Petro advirtió que los sectores que han atizado en los últimos días una crisis política a partir de un escándalo de dudoso trasfondo “lo que quieren es hacer lo mismo que en Perú, llevar al presidente a la cárcel, cambiar el gobierno y poner a un nuevo presidente no electo. Y eso se llama golpe de Estado”.
En el caso de México un juez concede amparo a Xóchitl Gálvez para presentarse en la Mañanera, paralelamente al juez que liberó al ex alcalde de Iguala y al dirigente de Guerreros Unidos por el caso Ayotzinapa. Intereses conservadores que financiaron la marcha la SCJN No Se Toca, con agresiones fascistoides contra ciudadanos en protesta contra la Corte. Los mismos marchistas porros, clasistas y racistas que defendieron al INE de Córdoba y al INAI que nunca trasparentó las tropelías de gobiernos neoliberales.
El cambio que se avecina será contundente para consolidar a la Cuarta Transformación, con un fortalecimiento del peso que ya está entre 16 a la compra y 17 a la venta pesos por dólar, una inflación que se centra en 5%, un pronóstico de crecimiento económico mayor al 2.5%, el fenómeno del creciente interés de inversión de empresas extranjeras en México, el compromiso de empresarios nacionales en Palacio Nacional de incrementar la inversión en el país para coadyuvar en reducir con la pobreza y aumentar la infraestructura nacional.
El nearshoring o la relocalización de las cadenas productivas desde otros lugares del mundo hacia países con cercanía geográfica, representa para México una oportunidad para ampliar sus relaciones económicas con países cercanos, en este caso, la instalación de fábricas para abastecer la demanda de bienes de consumo de Estados Unidos y Canadá, como autos, electrodomésticos, ropa, pantallas, celulares, autopartes.
“Vemos cómo algunos componentes de inversión como maquinaria y equipo están repuntando, y esos son primeros indicios de que el nearshoring es ya una realidad, es una promesa, pero también es una realidad”, expuso Alberto Gonzalez Pandiella, economista senior de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”. (Expansión).
Todo ello con las obras del actual gobierno: el corredor transístmico, el tren maya, la refinería de dos bocas, los aeropuertos Felipe Ángeles, Texcoco y Tulum, así como la reapertura del libre comercio en la zona del sureste mexicano. Todo esto dentro del marco del proceso sucesorio que da inicio este domingo para consolidar el desarrollo nacional, equilibrando crecimiento económico con justicia social.
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