Veracruz | 2020-08-26 | Marco Antonio Medina Pérez
No dejamos de sorprendernos de la gran cantidad de corruptelas, entresijos y negocios que corrompían al Estado mexicano durante los sexenios pasados. Nada de esto sabríamos aún si no hubiera llegado al gobierno de la República Andrés Manuel López Obrador.
En este sexenio nos hemos enterado del gran negocio del robo de gasolina, de los contratos leoninos que tienen atado del cuello a la CFE, del atraco que se cometía con las medicinas, del despilfarro en el mantenimiento de escuelas y en la construcción de hospitales. Con la captura de E. Lozoya se tiene ya una radiografía completa de lo que venía sucediendo desde el mal gobierno de Salinas de Gortari.
Pues las cosas no paran ahí. Seguiremos enterándonos de múltiples robos a la Nación y esquemas de concesiones, contrataciones o prebendas que se hacían para favorecer a determinadas empresas en la medida en que este gobierno avance en su tarea transformadora.
Hoy se sabe que la administración del Puerto de Veracruz también esconde una forma de operar de la que no sabemos mucho y de la que se tienen pocos o nulos beneficios para los gobiernos federal y estatal. Habría que investigar si hay rendimientos y de qué tipo para el gobierno municipal donde está asentado.
Lo que llamó la atención del presidente López Obrador la mañana del 18 de agosto pasado, antes de su acostumbrada conferencia, fue enterarse que poco después del triunfo electoral de hace dos años, el gobierno de Peña Nieto, a través de su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, había ampliado la concesión del Puerto de Veracruz por 50 años más a la empresa Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV. (APIVER), que es la figura creada por Salinas de Gortari para la gerencia de los puertos.
Con el olfato que lo caracteriza, y sin que lo engañen los velos jurídicos tras los que se esconden los fraudes a la Nación, inmediatamente decidió informar al pueblo de México que se encontraba frente a una situación irregular.
Se ha criticado al presidente por algo que pareciera obvio, la APIVER es una empresa paraestatal. Sus funcionarios son puestos por el gobierno federal. Pero la figura de sociedad anónima ya causa suspicacias y detrás de esa apariencia se esconde una manera, una más, de esconder al escrutinio público el manejo de los intereses públicos.
Se ha criticado también al Gobernador Cuitláhuac García por decir que la APIVER no genera beneficios para el estado. Sabemos que el puerto de Veracruz genera una gran cantidad de impuestos derivados del comercio exterior. Pero no se trata de eso. Los rendimientos de la operación portuaria, las utilidades, sólo son para las empresas “cesionarias”, como veremos.
Ya el periodista Ricardo Ravelo, del portal Sin Embargo, ha divulgado que después de la“requisa ordenada en 1991 por el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, la zona portuaria de Veracruz –una de las más importantes del mundo– se convirtió en un jugoso negocio de políticos y empresarios”. Y señala, de acuerdo a su investigación, que después de“ la desintegración de Serpover, el Gobierno federal dio pie para la creación de tres empresas que se hicieron cargo de todas las maniobras portuarias”. Las empresas que señala no son concesionarias, sino cesionarias, esto es, dicho de otra manera, subconcesionarias.
Seguramente esta fue la manera que encontró Salinas de Gortari para privatizar los puertos. Como no se podía otorgar una concesión a un particular, una paraestatal que recibía una concesión sí lo podría hacer.
Entonces, mediante la figura de concesión se esconden subconcesiones que son las que hay que investigar. ¿Qué acuerdos o qué arreglos se tiene con los cesionarios? ¿Tendrán vigencia también por 50 años más? ¿Por qué era importante para Peña Nieto suscribir la ampliación de la concesión por tanto tiempo? Esto es a lo que nos invita el presidente de la
República, a preguntarnos y a indagar sobre todo asunto público, que es nuestro, de todos.
marco.a.medinaperez@gmail.com