Veracruz | 2022-10-24
Tal como lo habíamos adelantado el pasado viernes aquí, este lunes 14 estará en la sede del Congreso local el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el pretexto de pedir a los 50 diputados veracruzanos avalar la reforma constitucional que las dos cámaras del Congreso de la Unión acaban de aprobar para que las Fuerzas Armadas sigan participando en labores de seguridad pública hasta el año 2028, o sea, hasta el cuarto año del siguiente sexenio.
Habrá que ver si algún valiente diputado o diputada de oposición se atreve a encarar al engallado titular de la Segob, quien en sus encuentros anteriores con legisladores de diez entidades ha arremetido en contra de gobernadores de otra filiación partidista, reprochándoles que no hayan apoyado esta reforma pero que en cambio, ante sus problemas de inseguridad, sí hayan pedido el apoyo del Ejército, de la Marina Armada y de la Guardia Nacional.
Pero, entre los millones de archivos que el grupo de hackers Guacamaya sustrajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existen reportes oficiales sobre presuntos vínculos de los cárteles de la delincuencia organizada con algunos gobernantes de Morena que actualmente tienen en su poder 22 de las 32 entidades federativas.
Hace tres semanas se publicó, por ejemplo, que el 11 de diciembre de 2019 el entonces gobernador de Tabasco y hoy secretario de Gobernación designó a?Hernán Bermúdez Requena como nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana pese a que, un mes antes, el mando policiaco había aparecido en un reporte de inteligencia militar por sus presuntos vínculos con un grupo delictivo que operaba en?Villahermosa, la capital.
No fue el único informe: tres reportes de 2021 y uno de agosto de este año, lo vincularon a una célula del?Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)?y a la banda?“La Barredora”?y a?Benjamín Mollinedo Montiel, (a) “El Pantera”,?líder del?huachicoleo?detenido en septiembre de ese año.
Ayer, sin embargo, se difundieron otros dos reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) sobre una investigación de la Sedena a la Guardia Nacional, la cual detectó vínculos de autoridades locales con al menos seis organizaciones criminales en la región de Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca –señalando entre las principales al CJNG y el Cártel del Pacífico, del “Chapo” Guzmán, y otros de menor relevancia como dos escisiones de Los Zetas y el Cártel del Noreste–, cuya actividad criminal se focaliza en el tráfico de droga, migrantes, extorsión, mercado ilícito de combustible y cooptación de funcionarios.
De acuerdo con el reporte militar titulado “Caso Veracruz”, el CERFI ubicó a un grupo delictivo encabezado por Efrén Martínez Gómez, (a) El Fantasma, a quien le adjudican coordinar las actividades delictivas para el CJNG en los municipios de Cosoleacaque, Jáltipan, Zaragoza, Acayucan y Las Choapas.
El CERFI lo vincula con autoridades municipales, estatales y federales que reciben el pago de cuota con recursos de procedencia ilícita.
¿Alguien se atreverá hoy a cuestionar al secretario de Gobernación por qué no han podido acabar con estas complicidades a dos años de que concluya la presente administración?