Veracruz | 2023-05-02
La inexperiencia tuvo que cobrar, tarde que temprano, la factura a la alcaldesa panista en el puerto de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes.
Fue precisamente este clan del poder en la conurbación y que ya tuvieron incluso la gubernatura en sus manos, que para no perder el poder y el dinero que representa mantener los cargos de elección popular, prefirieron dejar a la esposa y nuera, respectivamente, de quienes manejan al grupo político familiar.
Es así como Paty Lobeira, quien como experiencia solo tiene el haber sido la presidenta del DIF en Boca del Río, y esposa de un fallido candidato a gobernador, quien ocupó el puesto que le correspondía a su esposo, Miguel Ángel Yunes Márquez, pero que fue anulado en los tribunales e imposibilitado para contender por el cargo dejándolo así en manos de su cónyuge.
Pues bien, este 1 de mayo les pasaron la factura y la señora tuvo que pagar las consecuencias al ser exhibida y bajo rechifla de los asistentes al evento del Día del Trabajo, este 1 de Mayo, por afectar con las acciones de su gobierno el patrimonio de los hombres del volante, taxistas que se unieron para lanzarles consignas a la alcaldesa.
Y es que los taxistas agrupados en una organización a la que también se le etiquetó como afín a otro grupo político dentro del PAN, interrumpieron a la presidenta por varias ocasiones, exigiendo un fin a los operativos con retenes de parte de Tránsito municipal que tanto les afecta. A esto se le suma que no hay resultados en la seguridad, pues sufren asaltos diariamente, argumento bajo el cual se realizan dichos operativos.
No es grato que se arremeta contra una mujer como lo hicieron estos trabajadores, pero al final la señora Lobeira es una autoridad. Y sin embargo, la falta de tablas recrudeció el momento y enardeció a los trabajadores que siguieron lanzando rechiflas.
Políticamente demostró que no podía controlar una situación como esta, lejos de calmar los ánimos regañó a los inconformes, al señalar que las críticas de su líder en este caso de Sertacarver, pudieron ser escuchadas previamente si hubiera solicitado una audiencia o a través de “Leonel, con quien tenemos buena relación”, lo que enojó más a los asistentes.
Y para detonar más el asunto en plena celebración del Día del Trabajo, en el intento de justificar los excesivos y legalmente cuestionados operativos de Tránsito, la edil expresó que estos se hacen por solicitud de las fuerzas armadas:
“Los operativos se hacen en apoyo al Ejército y la Marina, nunca se hacen operativos solos y si alguien tiene otros datos que me los haga llegar. Pero estaremos trabajando coordinadamente como hasta ahora”.
Sin duda que de ser así, estos operativos que ordenan las fuerzas armadas y por lo que la corporación de Tránsito Municipal se ve obligada, según Lobeira de Yunes, están enfocadas a la disminución de la seguridad pública, lo cual, reprocharon los taxistas no ocurre, puesto que se siguen presentando entre 10 y 15 asaltos, cifras que de entrada parece bastante elevada si se habla de que ocurren diariamente.
No obstante, es cierto que asaltos a ciudadanos y atracos a tiendas de conveniencia y a cuentahabientes es una constante, por lo que los operativos que dice la alcaldesa se hacen con el fin de reducir estos hechos, no se comparte.
Ahora bien, una dependencia como Tránsito Municipal debe estar basada a realizar operativos siempre y cuando sean dirigidos a “contribuir a la prevención de accidentes viales o la minimización de sus efectos, para la vida, la salud y bienes de las personas, así como a la responsabilidad de los usuarios de la vía pública, a través del programa de Tránsito y Seguridad Vial.”
Algo que honestamente no se establece como prioridad, además que entre otras de las normativas de la dependencia también se realicen para lograr la “disminución en los accidentes viales e índices de siniestralidad en el uso de vehículos automotores”.
Habría que empezar por checar estos índices en el municipio de Veracruz y relacionarlos con la efectividad de los operativos que defendió la alcaldesa y que dijo se realizan porque la Sedena y la Marina los solicitan, atentando contra la economía de muchos de los ciudadanos que ven llevadas sus unidades por decenas y cientos en diversos operativos y con exorbitantes pagos de multas y el servicio de arrastre de grúa, producto de un aseguramiento de la propia autoridad.