Exonerar a las fuerzas armadas por su presunta participación en la llamada Guerra Sucia del pasado y hasta hacer un monumento alusivo no es prudente y antes se requeriría de una legislación federal, aseveró Edilberto López Cruz, presidente del Instituto Mexicano Penitenciario.
Para empezar, sostuvo que en México no hubo ninguna guerra sucia, sino agresiones a la población civil que encuadran en delitos muy bien tipificados.
"Guerra Sucia es cuando combaten dos ejércitos, pero uno está en desventaja. En México no sucedió así, en México lo que pasó fueron crímenes de lesa humanidad: genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura.
"Ahora que el presidente está solicitando que se abran los expedientes que se encuentran en el Campo Militar del año 1965 a 1972, eso no es guerra sucia: lo que sucedió fueron crímenes de lesa humanidad que cometió el estado mexicano", puntualizó López Cruz.
Dejó en claro que antes de emprender cualquier acción se debe establecer un marco legislativo que le dé sustento legal a decisiones tan delicadas como las que se sugieren al respecto.
Consulta Popular
El presidente del Instituto Mexicano Penitenciario dijo que antes de abrir expedientes debe generarse un marco legal para las víctimas.
"Sería un marco legal jurídico, como la Ley de la Memoria Histórica, que comprenderá a todos los derechos humanos que fueron violados a las víctimas, para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
"Con respecto a que se quiere hacer un monumento a los militares que cayeron en esos hechos, es como reconocer o querer validar la conducta que tuvieron, y eso no se puede permitir. Si es así, tenemos la consulta popular: si las víctimas quieren que se haga o no se haga, pero no de una manera unilateral", aseveró López Cruz.
Recalcó que el reclamo social es de no más impunidad y que se acuda a los instrumentos democráticos en las grandes decisiones.
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