Ciudades Judiciales, estafa maestra de Yunes y Edel; Sofía Martínez les estorbó

La expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta, "congeló" la erogación correspondiente al mantenimiento y construcción de ciudades judiciales a raíz de las irregularidades en dichos proyectos, sin embargo, a la fecha todos los pagos pendientes se efectuaron tras la llegada de Isabel Inés Romero Cruz como nueva titular del Poder Judicial de Veracruz.

Lo anterior lo dio a conocer el abogado penalista, Tomás Mundo Arriasa, al ampliar las denuncias ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por las irregularidades detectadas en la licitación y construcción de dichos proyectos.

En entrevista exclusiva para Imagen del Golfo aseveró que cada vez salen a relucir más irregularidades durante el período de Edel Álvarez Peña como presidente del TSJE y del Consejo de la Judicatura en lo que se refiere a las Ciudades Judiciales, proyecto que también fue impulsado por el exgobernador del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares.

Nueva presidenta valida presunta corrupción

El penalista detalló que las denuncias que ha presentado implican directamente a dos magistrados en activo y dos más en retiro del Poder Judicial del Estado, así como exservidores de dicha Soberanía y los integrantes de la anterior LXIV Legislatura de Veracruz.

"Dentro de las inconsistencias e irregularidades es que hubo ciudades judiciales que se autorizaron sin tener el terreno y sin tener los planos, sin tener proveedores siquiera”, sostuvo Mundo Arriasa, resaltando que en el caso de las Ciudades Judiciales se aprobó que el Poder Judicial pague 17 millones de pesos mensuales por 300 meses a las constructoras a cargos de las obras, período equivalente a 25 años.

"Es importante resaltar que cuando llega la Magistrada Sofía Martínez Huerta, al darse cuenta de esta ilegalidad, suspende el pago de 17 millones de pesos y durante todo el tiempo que fungió no hubo tal hasta que llega la nueva administración (de Isabel Inés Romero Cruz) ésta paga absolutamente todo en sólo unas semanas”.

La denuncia de Mundo Arriasa, que consta de 109 hojas y 7 mil 500 fojas con datos de prueba, obedece a la probable responsabilidad de magistrados en activo y en retiro para perpetrar irregularidades con la licitación, dictámenes y asignación de contratos para la construcción de ciudades judiciales.

Entre los denunciados destaca el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Humberto Álvarez Peña y la magistrada en retiro Irma Dinorah Guevara Trujillo, además de los magistrados en funciones Andrés Cruz Ibarra y Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín.

Igualmente se implica a la consejera de la Judicatura, Carla Rodríguez González, y Esmeralda Ixtla Domínguez, quien se desempeñó como Secretaría Interina. El litigante presentó la denuncia este 24 de noviembre, incluyendo a más funcionarios del Poder Judicial y "quien resulte responsable" por los presuntos hechos de corrupción que deben investigarse, es decir, no se descarta que la investigación llegue al exgobernador Yunes Linares o a Álvarez Peña.

Edel Álvarez, autor mediato de hechos de corrupción

Mundo Arriasa explicó que se buscará que la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México investigue a los probables responsables de un posible daño a las finanzas del Poder Judicial en Veracruz, puesto que existen elementos de que se habrían beneficiado económicamente con la licitación.

"Nos estamos apoyando en la Teoría de la Imputación Objetiva, ¿qué significa esto?; que en este caso hay teoría mediata e inmediata, y estamos señalando al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña, su autoría mediata".

Enfatizó que la nueva presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, ordenó pagar el equivalente a los 11 meses que dejó pendiente Martínez Huerta durante su ejercicio como presidenta del Tribunal Superior de Justicia al consorcio integrado por las empresas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, A.A.P.I. de C.V.; Concesiones y Promociones Rua, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, A.A. de C.V.

Dijo que es "curioso" que a raíz de la suspensión de los pagos a las constructoras es cuando inicia el "golpeteo" de algunos funcionarios del Gobierno de Veracruz en contra de la expresidenta Sofía Martínez Huerta, derivando en su destitución y agilizando los pagos por parte de la nueva presidenta encargada de despacho, Isabel Inés Romero Cruz.

Mundo Arriasa añadió que será la Fiscalía Anticorrupción la que determine el nivel de participación de los involucrados, aunque enfatizó que los nuevos integrantes del Poder Judicial deben denunciar cualquier ilícito que detecten sobre este tema, de lo contrario incurrirían en omisiones como integrantes del Poder Judicial.

Recordó que también habrá una denuncia en contra los diputados locales de la pasada LXIV Legislatura, con mayoría del PAN, quienes aprobaron la asignación de presupuesto y la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Veracruz con el único objetivo de dar luz verde a los proyectos.

Destapan cloaca

Entre las acciones que acusa Mundo Arriasa sobresale el de pagos duplicados a las ciudades judiciales de Coatzacoalcos y Tierra Blanca, así como la inexistencia de predios al momento de establecer las Asociaciones Público-Privadas de las empresas mencionadas con el Poder Judicial, algunas de las cuales incluso carecían del Registro Federal de Contribuyentes cuando integraron el consorcio a cargo de la construcción de las Ciudades Judiciales.

Además, dijo el abogado, las comisiones legislativas en la 64 Legislatura no contaban con el expediente técnico y dictamen de un tercero especializado, uno de los requisitos para la asignación de este tipo de proyectos.

Dentro de los exservidores señalados en la denuncia de Mundo Arriasa destacan el exdirector de Administración del Consejo de la Judicatura, Humberto Rodríguez Losilla; el exsubdirector de Recursos Materiales, Jesús Obeso Martínez; la exjefa de Adquisiciones Laura Elena Vega Martínez; el exsubdirector de Recursos Financieros, Carlos Abdalá Carcamo; el extitular del Departamento de Infraestructura y Supervisión de Obra Hugo Francisco Vera González; el exjefe de Servicios Generales Elvis Viveros Arroyo; y el exjurídico del Tribunal, Mario Berlín Mendoza.

La denuncia incluye además a la Contralora General del Congreso, Yendi Alejandra Sampieri de la Vequia y los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

Diputados validaron dictamen falso y con sobrecostos

Mundo Arriasa aseguró que los integrantes de la LXIV Legislatura en Veracruz emitieron el dictamen a favor del Poder Judicial para construir las 21 ciudades judiciales a partir de información falsa y sin contar con un dictamen técnico.

El abogado agregó en la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción detalla la existencia de sobrecostos en los presupuestos de construcción y equipamiento por 180 millones 074 mil pesos, incluyendo un sobrecosto de conservación y mantenimiento por un millón 872 mil 408 pesos, los cuales afectarán el presupuesto del Poder Judicial por un plazo de 300 meses o 25 años.

El abogado enfatizó que el Poder Judicial convocó a licitaciones de construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento para edificios de oficinas e instalaciones de Ciudades Judiciales en Ciudad Mendoza, Pueblo Viejo e Isla, sin contar con la autorización de la Judicatura.

Además, no se cuenta del Registro Federal de Contribuyentes del consorcio de Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Concesiones y Promociones Rua, S.A.P.I. De C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. De C.V para participar en las licitaciones LP/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018, LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018, LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, convocadas por esta Soberanía.

Estas empresas a la vez presentaron tres sobrecostos en cuanto a los precios unitarios por 48 millones 244 mil 799.10 pesos; por 33 millones 255 mil 749 pesos y por 54 millones 700 mil pesos.

A la vez acusa a la contratación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. como evaluadora de las licitaciones del Poder Judicial, sin importar que existe un conflicto de intereses al ser miembro de Deloitte & Touche Tohmatsu Limited, firma auditora al servicio de Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz y Consorcio Integral de Comercio Exterior, ambas participantes en los concursos.

Otra observación que expone Tomás Mundo en la denuncia es la referente a la subcontratación Consultores Asociados para el Desarrollo Sustentable S.C., la cual a su vez contaba con un contrato del Poder Judicial para realizar estudios de impacto ambiental.

En los casos de las ciudades judiciales de Perote, Pueblo Viejo, Medellín e Isla, la denuncia refiere que el Poder Judicial realizó los contratos individuales sin contar con la autorización del Legislativo para dicha maniobra; además de no contar con el proyecto ejecutivo, impacto ambiental, beneficio social y rentabilidad del proyecto.

Además, de manera indebida el Poder judicial autorizó en las propuestas el gasto preoperativo, en el cual se integraron los "proyectos arquitectónicos, estructurales e instalaciones y sus revisiones" de las empresas Desarrolladora Cjev I, S.A.P.I. de C.V.; Compañía Desarrolladora Cjev II, S.A.P.I. de C.V.; Desarrollos Cjev III, S.A.P.I. de C.V. y Compañía Desarrolladora Cjev IV, S.A.P.I. De C.V. por un monto de 14 millones 001 mil 452 pesos.

Primera denuncia

Cabe referir que el 9 de noviembre, Tomás Mundo anunció que formularía una denuncia contra exservidores del Tribunal Superior de Justicia por irregularidades en la asignación de contratos de las ciudades judiciales.

"Sí se habla de irregularidades desde la administración de Edel Álvarez Peña, en la construcción de las ciudades judiciales; esta semana presentaremos una serie de denuncias, primero es contra Humberto Rodríguez Losilla que fue administrador de ciudades judiciales en la era de Edel Álvarez; nos vamos a ir contra el Consejo de la Judicatura, todos los que lo integraron y que actualmente están en funciones, primero con Edel y algunos que todavía siguen en funciones y tenemos una tercer instancia contra todos los que aprobaron en el Congreso", anunció en ese entonces a Imagen del Golfo.

Tras presentar el recurso ante la Fiscalía General del Estado este asunto fue turnado ante la Fiscalía Anticorrupción, razón por la que ampliaron la información este martes ante 24 de noviembre ante dicho organismo.

Hace unas semanas el abogado acusó que la remoción de la presidenta del Poder Judicial se motivó en un intento para proteger al expresidente de dicha Soberanía, Edel Álvarez, y las anomalías observadas en los concursos de obra, lo que también acusó la expresidenta, Sofía Martínez, cuando fue revocada del cargo por el pleno del Tribunal, revelando ante medios nacionales presiones del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, para que ella misma renunciara al cargo o “pagaría las consecuencias”.