Presentan iniciativa para derogar delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz

Diputados del PAN en el Congreso del Estado presentaron una iniciativa de decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal del Estado en materia de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública.

Cabe señalar que, hasta el momento, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no ha remitido una iniciativa en este sentido, pese a que anunció que lo haría como parte de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) derivada del caso de seis jóvenes, injustamente detenidos y sometidos a proceso tras ser acusados de agredir con cuchillos a policías.

A la iniciativa del PAN, presentada por los diputados Verónica Pulido Herrera, Jaime Enrique De la Garza Martínez, Miguel David Hermida Copado y Enrique Cambranis Torres, se sumaron de forma personal Ruth Callejas Roldán, Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Maribel Ramírez Topete.

Durante la sesión, el diputado Jaime Enrique de la Garza Martínez señaló que el delito de ultrajes a la autoridad, previsto en el artículo 331 del Código, actualmente incluye algunas hipótesis que podrían agravar la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

En la exposición de motivos, los legisladores del blanquiazul sostienen que la redacción de estos ilícitos es contraria al principio de certeza, que debe caracterizar a las normas jurídicas, especialmente en materia penal, pues abarcan múltiples opciones sobre situaciones de realización incierta.

Además, afirman que el término “amenazar” o “agredir” da lugar a interpretaciones confusas, ambiguas y vagas, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Sostienen entonces que sostenerse que el artículo 331 y el artículo 371 Quinquies del Código Penal de Veracruz de Ignacio de la Llave vulneran el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues su contenido carece de claridad y exactitud en la definición del hecho calificado como delito.

En la justificación de su propuesta apuntan que, con estos delitos, hay una sobrerregulación al hecho de amenazar, pues esa conducta ya se encuentra prevista en el artículo 173 de la referida normatividad, que establece prisión de seis meses a dos años y multa hasta de 40 días de salario a quien amenace a otro con causarle un mal futuro en su persona o derechos, o en la de otra con la que tenga algún vínculo.

“La sobrerregulación y desproporcionalidad de las penas en los delitos que se analizan más bien indican que, en Veracruz, la sociedad tiene una policía poco entrenada, menos capacitada y además, hasta con problemas psicológicos”, puntualizan.

Lo integrantes de la bancada panista reiteran que la alta incidencia de denuncias por ultrajes a la autoridad refleja incapacidad, escaso entrenamiento y falta de equipamiento para desempeñar su función.

Cuestionan que las diligencias que realiza la Fiscalía para “probar” el delito de ultrajes a la autoridad o el delito cometido contra las instituciones de Seguridad Pública es la valoración psicológica del policía, quien con solo decir que la persona detenida le ocasionó miedo o temor cuando lo intervinieron puede ser suficiente para que un juez pueda decretarle la prisión preventiva oficiosa.

“Con ese argumento acuden al juez para decir que el policía tiene una alteración emocional, por las expresiones verbales que le profirieron o por el amago de una navaja o cuchillo, con este otro elemento se acredita lo que dispone el Artículo 19 Constitucional, para que a esa persona le apliquen la prisión preventiva oficiosa”, critican.

Reiteran que “la acreditación de estos hechos delictivos ha resultado bastante cuestionable e inverosímil, constituyendo más bien un ambiente de represión y violación a los Derechos Humanos de las personas, utilizando normas penales a todas luces inconstitucionales”.

Precisan que después de un análisis a los códigos penales de cada una de las 32 entidades federativas del país, en los delitos que proponen derogar, Veracruz es el único que impone la pena de prisión más alta, que puede ser hasta de 15 años, lo que resulta desproporcional.

“De la revisión a las normas penales locales encontramos que, en 12 estados de la República Mexicana, no existe este delito, y en cuatro entidades del país se encuentra ya derogado, de modo que la tendencia es hacia su desaparición”, exponen en su argumentación.