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Juez y Gobierno de Veracruz solapan devastación de bosque, acusan

Juez y Gobierno de Veracruz solapan devastación de bosque, acusan
Juez y Gobierno de Veracruz solapan devastación de bosque, acusan
Juez y Gobierno de Veracruz solapan devastación de bosque, acusan


La mano del juez Francisco Javier Hernández Lima y las de allegados a la oficina del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, agudizaron el conflicto ambiental, social y agrario detonado en Veracruz por la invasión y depredación del bosque de niebla en Coatepec, acusaron propietarios de predios en la zona de Jinicuil Manso, que advirtieron una intentona desde el poder del Estado para legalizar el despojo. El juez local determinó no retirar a los invasores del predio.

Por ello, recurrirán al amparo ante el Poder Judicial de la Federación. El despojo está denunciado ante la Fiscalía Sexta, desde julio de 2019: 18 meses esperando que el organismo autónomo emita una determinación.‘Se nos está presionando con todo el aparato del Estado para dejar de hablar, para doblarnos las manos y que la gente que está en nuestros terrenos amenazándonos a nosotros, a nuestras familias, tenga una preferencia.  ¿Entonces dónde quedó el Estado de derecho?’, deploró uno de los legítimos propietarios.  

En la zona (incorrectamente denominada Sierra Alta) se hallan especies reconocidas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y que están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, como la salamandra, tigrillo, chivizcoyo y la codorniz endémica.   

Un estudio de Pronatura identificó que son al menos 37 las especies que peligran por las acciones de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en el bosque de Veracruz. Investigaciones del Instituto de Ecología AC señalan que las zonas que reciben la mayor precipitación de lluvia se encuentran justamente en la franja de la montaña entre los mil 500 y 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar; justo en esta franja en donde se encuentra el bosque mesófilo de montaña, que es la vegetación más representativa de esta zona.

Itzel Jurado, abogada de los afectados, denunció que el pasado 8 de enero el juez Hernández Lima ignoró los 40 datos probatorios que los coatepecanos presentaron para decretar la restitución provisional de sus bienes.  

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La abogada advirtió que el juez Francisco Javier Hernández Lima exhibió tolerancia al delito y la corrupción y hasta entregó documentos de uso interno a la CIOAC, violentando el principio de igualdad que debe regir el procedimiento y favoreciendo a los invasores. 

'No nos dio la razón por razones desde nuestra perspectiva ilegales. Le va a corresponder al Poder Judicial federal decidir quién tiene la razón. Mientras decimos lo que creemos: que es una decisión ilegal, porque de entrada se le dio un trato especial al abogado de la contraparte, que no iba preparado y al momento de la audiencia se le solucionaban los detalles. Desde ahí nos damos cuenta para dónde va la balanza'.

De los 11 integrantes de la CIOAC acusados bajo el delito de allanamiento, solo 7 se presentaron a la audiencia; eso fue, a sesgado criterio del juez, causa suficiente para que no se diera la orden de desalojo. 

Además, el Juez hostigó durante la audiencia a la abogada Itzel Jurado y desestimó su exigencia de proteger el patrimonio familiar y, con ello, el bosque. 

La abogada aseveró que existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos del orden federal que hubieran cometidos los servidores públicos de la la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por las irregularidades en el procedimiento de deslinde y por los delitos ambientales.

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'Dentro del Plan de Adaptación al Cambio Climático, esta zona montañosa en las faldas del Cofre de Perote, se ha identificado a esta zona montañosa como una región prioritaria para focalizar las actividades de conservación, restauración y adecuación de buenas prácticas, así como sitios prioritarios para implementar acciones de conservación, y una zona que provee servicios ambientales hidrológicos claves proveyendo de agua para las ciudades en la cuenca baja, así como en las actividades agropecuarias de la zona baja que se extienden más allá de la cuenca a través del Distrito de Riego de La Antigua', refirió en su análisis Pronatura

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El agua que se recarga en estas cuencas y faldas del Cofre de Perote surte a Coatepec, Xalapa, Cardel. También es sustento de las actividades turísticas y económicas de Jalcomulco que dependen del río, y proveen al distrito de riego de La Antigua, con extensas áreas de cultivo de caña de azúcar. A esto se añade que la zona que se pretende deslindar y dotar a los invasores, se encuentra en las Unidades de Gestión Ambiental. Los supuestos 'zapatistas'  lo quieren para edificar viviendas y, según ellos, para siembra.   

Hasta ahora hay denuncias en contra de 59 personas que invadieron hectáreas en el predio de Jinicuil Manso en la congregación de Tapachapan. Entraron a chapear, a tirar linderos, tumbar árboles, y desplegar banderines. Durante las últimas semanas se ha incrementado los actos de intimidación, acoso y violencia por parte de la CIOAC, fortalecida por los espaldarazos de funcionarios federales y estatales. Entre los líderes de la organización se ha identificado a Ramón González, secretario de la organización, Marcelino Ruiz, Diego Ruiz, Francisco Ruiz HernándezDavid Ruiz, Valerio Ruiz, José Alfredo Lozada, Aurelio Morales, Celestino Castizo y Rocío Hernández.

‘No solamente tenemos encima a un grupo de delincuentes, que es la CIOAC, y no sólo padecemos amenazas, balazos, amenazas con machetes todos los días en esa zona y no sólo los que estamos invadidos, sino toda la comunidad que pasa por ahí caminando o en su coche’, deploró uno de los agraviados. 

En la reserva considerada como la de mayor nivel de integridad ecológica respecto a bosques de niebla de otras regiones, se perciben señales de tala y quema de vegetación. Charcos de agua sucia que provienen del campamento de la CIOAC. Denuncias por caza a especies en peligro de extinción fueron atendidas casi 3 meses después de ser presentadas ante instancias federales.  Instancias estatales como la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría del Medio Ambiente se lavaron las manos para no coadyuvar con las autoridades federales y safarse del conflicto geferado por la Sedatu.

Entre las especies presentes en esa zona de Veracruz que han sido puestas en peligro destacan reptiles, mamíferos, aves, anfibios. Algunas de ellas están en riesgo de extinción, amenazadas, sujetas a protección especial o son endémicas, de acuerdo con un estudio elaborado por Pronatura Veracruz AC.

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Uno de los propietarios invadidos, Ari Sebastián Brickman, reveló que hace algunos meses funcionarios del Gobierno de Veracruz, concretamente de la Secretaría de Gobierno, les pidieron que desistieran de las denuncias y protestas.  

‘Hay muchas pruebas de que el Gobierno ha estado cobijando a esta organización (CIOAC). Por la petición del Gobierno del Estado de que nos calláramos, fue que ya no seguimos. Se nos está presionando con todo el aparato del Estado para dejar de hablar. Se nos ha pedido directamente que aguantemos. Nos lo pidió la Secretaría de Gobernación'.

Ante este escenario, también contemplan recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).  ‘Nos han pedido, directamente, que aguantemos, que esto se está resolviendo. Que ya viene una resolución. Esto desde que vino el Presidente’, aseveró Brickman.

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AMENAZAS Y LUEGO PETICIÓN PARA DESMOVILIZARSE 

Frida, una propietaria agraviada, detalló que funcionarios de la Secretaría de Gobierno en un primer momento amenazaron telefónicamente para favorecer los intereses de la CIOAC. ‘No te metas con el Gobierno’, fue el mensaje que recibió otra propietaria. 

‘Se nos ha pedido que no hagamos ruido. El Gobierno, desde el año pasado, estuvo generando mesas de trabajo a las que asistíamos varios propietarios y la abogada. Y en esas mesas vivimos de todo: desde amenazas, amenazas telefónicas de “no te metas con el gobierno”, “por favor, cállense”’, reveló el afectado por las acciones de CIOAC.   

Posteriormente, operadores de la Secretaría de Gobierno solicitaron a los legítimos dueños de terrenos en la zona del bosque de niebla que se desmovilizaran y que ya no dieran entrevistas a la prensa, pues en coordinación con Sedatu, estaba pronta la solución al conflicto. 

‘No solamente estamos siendo violentados por un grupo delictivo (CIOAC), estamos siendo violentados por el Estado mismo. El Estado en todos sus niveles ha manifestado el apoyo para estas personas. Hay muchas pruebas de cómo el Estado los ha cobijado. La audiencia es un botón de muestra (…) Por eso, si ustedes ya sabían de este tema antes y después hubo un bajón, fue porque ellos (desde la Secretaría de Gobierno) nos lo pidieron, que porque iban a resolver la situación. No la resolvieron.’   

Paralelamente a la petición de desmovilizarse que hiciera a los propietarios, en su comparecencia ante el Congreso de Veracruz Cisneros reveló que ofreció apoyos, tierras y vivienda a la CIOAC para que ya no depredara el bosque de niebla. El juez Francisco Javier Hernández Lima, por lo menos ahora, echó abajo el esfuerzo del secretario.

‘No hemos tenido contacto directamente con Eric Cisneros. Hemos tenido contacto directo con su oficina.  Y hasta donde sé, efectivamente, cuando amenazaron a la compañera, fue gente de su oficina. Y eso se supo a nivel nacional. Después de eso vino una especie de repliegue del Gobierno y nos invitaron a que siguiéramos dialogando’, detalló Ari Sebastián Brickman.

Desde hace 40 años, pseudolíderes han intentado invadir y devastar el bosque de Coatepec en al menos 5 ocasiones. Incluso en periodo recientemente fueron replegados por la Guardia Nacional.  Ahora se han valido de una constancia falsificada de posesión de 2 mil hectáreas, denunciaron ambientalistas y propietarios. 

La CIOAC en Veracruz tiene una pauta a seguir en la invasión y despojo de tierras, advirtió un propietario: presentan una solicitud de tierra, cambian el nombre a los predios que desean, invaden esos predios, talan árboles, amenazan a los propietarios, recurren a las autoridades federal, estatal y municipal, presentan documentos falsos y hacen alarde de sus relaciones políticas al más alto nivel. 

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