Cinco años después, alrededor de seis familias que perdieron sus hogares tras el terremoto de 8.2, ocurrido en septiembre del 2017, vieron “a medias” la promesa de recibir el apoyo total para poner en pie las estructuras que en cuestión de minutos quedaron en ruinas.
Matilde Soto Sánchez, una mujer de la tercera edad y vecina de la calle Mérida en la colonia Playón Sur, fue una de las más afectadas y que a media década del movimiento telúrico quedó con una deuda superior a los 100 mil pesos para poder terminar de edificar su hogar.
Y es que los responsables de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) pretendieron que ella junto con otras familias, levantaran sus hogares con determinadas medidas y especificaciones que con un nuevo temblor se vendrían abajo al no contar con un refuerzo.
Mencionó que luego de algún tiempo lograron obtener un beneficio en dos entregas por 80 mil pesos con lo que empezó la reconstrucción; sin embargo, una tercera remesa similar fue cancelada al detectarse las supuestas anomalías de cimentación.
Soto Sánchez acusó que la CONABI se habría adjudicado la tercera tanda etiquetada para las casas, dinero que desapareció de las cuentas bancarias.
“Ya no supimos qué pasó con el resto del dinero, pero lo que se dijo fue que la misma empresa se llevó el dinero. En mi caso me tuve que endrogar con 60 mil pesos, pero terminé pagando 150 mil con intereses esto para seguir con la construcción”, compartió el ama de casa.
En ese entonces el Gobierno Federal destinó una partida presupuestal individual de 264 mil pesos que llegaría a los demandantes en tres bloques de los que solo recibieron dos.
Mientras que se concluye la construcción de su nuevo hogar, Matilde vive al lado de su hijo, aunque reconoció que la meta y sueño es regresar por fin a su nueva morada.
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