‘Pereza institucional’

Este lunes, al encabezar el Segundo Encuentro de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, exhortó a todas las instituciones del Estado mexicano a enfrentar “la gravísima situación de violencia contra las mujeres que se vive en el país sin distinción de partidos o gobierno”.

El funcionario advirtió que “no pueden seguir desapareciendo nueve mujeres al día”, detallando que “uno de cada cuatro desaparecidos en el país es mujer” y “que la mayor parte son menores de edad entre 12 y 19 años”, principalmente niñas.

“Aquí ya no cabe el celo o la pereza institucional; más allá de que podamos tener visiones distintas de cómo enfrentar los distintos problemas de violencia e inseguridad en el país, este fenómeno nos exige al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios, a las fiscalías general y las de los estados y al Poder Judicial trabajar de manera conjunta”, expuso el subsecretario.

Este mismo lunes, durante la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que viven violencias basadas en el Género (GIEV), evento realizado en la Secretaría de Gobernación, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, señaló que, en el país, 80 por ciento de los feminicidios son perpetrados por familiares o personas cercanas a las víctimas, y que en el caso de niñas o adolescentes, la cifra se eleva a nueve de cada 10 casos.

La titular de la SSPC anunció que la dependencia a su cargo trabaja en una iniciativa para implementar un registro de agresores sexuales y feminicidas que busca que las fiscalías estatales cuenten con un banco de ADN de uso forense. La meta, según explicó, es que la información genética pueda ser utilizada en la vinculación de evidencia, y para lo cual buscarán convencer a los legisladores de la necesidad de ponerlo en marcha.

¿Cómo es posible que teniendo el control mayoritario de ambas cámaras del Congreso de la Unión, el gobierno federal de Morena no haya promovido desde hace más de tres años estas estrategias que seguramente serían apoyadas también por los legisladores de oposición?

Ya a finales de enero pasado, primero ante los diputados federales de su partido, y luego frente a los senadores, también la titular de la SSPC había expuesto que “no existe una legislación” que permita “aprovechar las cuentas bancarias abultadas de delincuentes, narcotraficantes, criminales y extorsionadores” para equipar y capacitar a los policías.

“Si tuviéramos la aprobación del Congreso, la Secretaría de Hacienda podría hacer una compra consolidada para entregar a los municipios del país los equipos que se requieren, de acuerdo con la incidencia delictiva que registran”, planteó.

“Si la propuesta es avalada en el próximo periodo de sesiones, el plan se podría aplicar este mismo año”, dijo hace tres meses. Pero nadie ha retomado la sugerencia. ¿“Pereza institucional” o complicidad con la delincuencia?