El 30 de abril de 2020, la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz emitió la convocatoria para designar fiscal del estado. Ese fue el inicio del camino de Verónica Hernández Giadáns para su ratificación; en ese momento era interina, pero no tuvo problemas para mantenerse en el cargo, dada la mayoría de Morena en la Legislatura.
A la fiscal veracruzana, de acuerdo con la ley, se le nombró para un periodo de nueve años; es decir, hasta 2029, por lo que estará en dicho espacio lo que resta de la administración de Cuitláhuac García, así como 5 años del próximo gobierno estatal.
El punto, sin embargo, no se relaciona con el nombramiento de la fiscal, sino con su permanencia en el cargo: en tiempos del ex gobernador Javier Duarte, el Gobierno del Estado modificó la ley; desapareció la Procuraduría y creó la actual Fiscalía; la idea era que los titulares permanecieran en el órgano de procuración de justicia por un periodo de 9 años; la intención era dejar a un elemento de confianza para que cuidara la espalda al ejecutivo.
El primer fiscal veracruzano fue Luis Ángel Bravo Contreras, cuyo periodo terminaría en enero de 2024 –llegó al cargo en 2015–; no habían pasado ni dos años cuando el fiscal de Duarte renunció en noviembre de 2016, unos días antes de la llegada de Miguel Ángel Yunes a la gubernatura; Bravo Contreras puso pies en polvorosa pero fue detenido en junio de 2018. Ya está libre.
En diciembre de 2016, con Yunes instalado en Palacio de Gobierno, llegó Jorge Winckler Ortiz a la Fiscalía de Veracruz, pero solo se mantuvo hasta septiembre de 2019; su paso por el cargo se caracterizó por un enfrentamiento casi enfermizo con el Gobierno de Cuitláhuac García.
Sobre Winckler pesan varias acusaciones; terminó por huir y hoy se encuentra en calidad de prófugo.
De esos antecedentes se desprende que el nombramiento del fiscal por parte del Congreso del Estado no necesariamente surte efectos por el tiempo establecido, dado que siendo un espacio tan complicado, cualquier cosa puede pasar en el camino. Es, la Fiscalía, un terreno jabonoso, donde el menor error puede costar la cabeza al titular.
Hoy más que nunca, la fiscalía veracruzana se encuentra en el ojo del huracán, por los señalamientos que le han dirigido personajes de la política como los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado; este último, por ejemplo, calificó a la titular del órgano autónomo como obsequiosa, y criticó su presunta relación de dependencia hacia el Ejecutivo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río, detenido y enviado a la prisión de Pacho Viejo, Coatepec; y la Cámara Alta creó una comisión especial para investigar los probables abusos de autoridad en el Gobierno de Cuitláhuac García.
La fiscal sabe perfectamente que está en la mira y que si el escenario se complica para el grupo que la ubicó en el cargo, ella podría ser sacrificada; no lo sería el secretario de gobierno, principal operador de la actual administración; y mucho menos el titular del Poder Ejecutivo, a quien López Obrador ha brindado su respaldo público.
Sería el tercer caso en 6 años de un fiscal veracruzano que no puede terminar su periodo.
@luisromero85
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