México | 2021-09-27 | Imagen del Golfo / Agencias
En los últimos siete años, se ha ido desmontando la versión oficial de los hechos presentada en su momento por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien aseguraba que la noche del 26 de septiembre de 2014 los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido privados de la libertad e incinerados en un basurero cerca de Iguala. Las irregularidades de la investigación, el encubrimiento de la participación del Ejército y la Policía Federal, y el choque de evidencias científicas han reforzado la idea de que se trató de una operación, desde el Estado, para ocultar la verdad y mantener desaparecidos a los estudiantes.
De ahí que fueron exoneradas —por haber sido torturados y sujetos de otras violaciones a los derechos humanos— todas las personas que fueron presentadas por la PGR como autores materiales; otras 21 personas vinculadas con el caso, se informó recientemente, han fallecido o han sido asesinadas.
Con la llegada de la presente administración federal en 2018, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de una Unidad Especial dentro de la hoy llamada fiscalía general de la República y de una Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro; sin embargo —según han denunciado los abogados de los estudiantes—, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el circuito de la desaparición.
Sobre las labores de búsqueda, basta decir que se han identificado los restos óseos de tres normalistas: Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La insistencia de las autoridades por construir una narrativa, desestimando indicios y ocultando hallazgos en puntos distintos a los de la “verdad histórica”, derivó en que muchos de los fragmentos encontrados en los últimos años ya no puedan ser analizados.
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en los hechos violentos de Iguala afirmaron que cuando exigen que se investigue la participación del Ejército en la agresión contra los normalistas, el gobierno federal se incomoda.
El pasado viernes, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reclamaron que de los informes realizados por las autoridades no se ven avances reales, puesto que los jóvenes siguen desaparecidos.
En dicha reunión, los padres de los normalistas desaparecidos señalaron que para ellos es posible que la falta de avances se deba a que el Ejército no coopera con información y que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene enquistados a funcionarios del sexenio anterior.
La FGR ha informado que las últimas diligencias de búsqueda fueron realizadas la semana pasada en Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, Guerrero.
Sin embargo, no ha dado a conocer si en estas diligencias se realizó algún hallazgo.