Ciudad de México | 2021-09-29 | Staff Imagen de Golfo
La Fiscalía General de la República determinó la promoción de un amparo según consta en el expediente 296/2021-III-A, donde ampara y protege a los pescadores mexicanos, reconociéndolos como víctimas u ofendidos, tras el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon que operaba British Petroleum, luego de que se registraran una serie de explosiones el 20 de abril del 2010.
Lo anterior se desprende tras la denuncia que presentaron en su momento los pescadores Evelio Jiménez Pérez, Pablo Ernesto Zamora Sánchez, Miguel Zaleta Reyez, Ángel Díaz Ortega y sus abogados Omar Pérez Corona, Jorge Olvera Reyes y Marco Antonio Alcázar Pérez, quienes solicitaron a la Fiscalía General de la República diera inicio a una carpeta de investigación por delitos contra el patrimonio de la Nación y las demandas que estaban archivadas en Nueva Orleans, donde eran más de 25 mil pescadores de diversos estados mexicanos como Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Tamaulipas.
Lo anterior por haberse podido dar un uso ilícito de atribuciones y facultades o usurpación de funciones por los acuerdos ilógicos realizados en detrimento de pescadores y del pueblo de México.
Los pescadores denunciaron en su momento al exsecretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, al exembajador de México en Estados Unidos Gerónimo Gutiérrez, al igual que al abogado de la empresa petrolera, luego de que habían llegado a un acuerdo económico entre la empresa que operaba la plataforma y el exembajador de México por el desistimiento voluntario contra esa compañía y otros demandados.
El acuerdo se realizó el 13 de febrero del 2018 donde la petrolera se comprometió a pagar la suma de 25,500,000 de dólares para de esa manera recibir el desistimiento voluntario de la demanda contra la petrolera y otros 250 codemandados, afectando con esa determinación el patrimonio natural de México, por los daños a las áreas naturales protegidas, ecosistemas pesqueros.
Los pescadores tienen severos problemas para defenderse, ya que los mares y costas son competencia exclusiva de la Federación, por lo que al salir a relucir esta injusticia donde podrían resultar actos de corrupción por parte de servidores públicos en uso ilícito de atribuciones y facultades o usurpación de funciones al formar acuerdo ilógicos y contrarios al interés nacional, afectando al sector pesquero y al pueblo de México.
A pesar de todo ello, se les reconoció como víctimas u ofendidos pero se les negó el acceso a la carpeta de investigación, situación que de acuerdo al líder pescador tuxpeño Pablo Ernesto Zamora Sánchez, le dan la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, al afirmar que la corrupción socava las instituciones y los valores de la democracia y compromete el desarrollo sostenible de México.