Xalapa | 2021-05-24 | Jesús Ruíz
Desde que fueron despedidos el miércoles pasado por la empresa Servicios Integrales de Limpieza (SLI), la cual ofrece el servicio de aseo en el Congreso del Estado, los siete ex empleados no han recibido sus pagos pendientes y acusan que siguen sufriendo abusos.
Por esta razón este lunes acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja. Explican que aunque todos los trabajadores se manifestaron, solo a ellos no se les renovó su contrato.
Consideran que esto se debe a que expusieron los abusos y las anomalías que han sufrido por parte de esta empresa en el recinto oficial de sesiones.
Rosa Aurora González dijo que ella fue quien alzó la voz ante los diputados y es una de las siete despedidas junto con Mónica Castillo, Karina Vázquez, Moisés Sánchez, Jorge Ornelas y Verónica Posada.
Explicaron que la semana pasada, luego de que no les renovaron su contrato, acudieron durante el fin de semana al domicilio del dueño de la empresa SLI, Jorge Luis Sandoval Landa, quien se deslinda del tema.
“Fuimos a ver al dueño a Perote; él nos atendió y nos dijo que para él nosotros seguíamos laborando, pues su encargado le dijo que todo estaba bien dentro del Congreso.
“Él desconocía realmente lo que se había hecho y dijo que desconocía el tema. Nos citó el día viernes a su casa y nos citó para el sábado en Xalapa a las 10 de la mañana, pero ya no nos abrieron”, lamentaron los afectados.
Añadieron que los abogados de la empresa los citaron este lunes a las 10 de la mañana, pero sólo les confirmaron que ya no regresarán a trabajar.
Mónica Castillo expuso que en su caso existen pagos pendientes de sus salarios y la empresa le informó que llevarán el caso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.
“No nos han pagado lo que nos corresponde, en mi caso; el abogado dijo que nos citarán en Conciliación sin darme realmente lo que es”.
Explicaron que por esta razón decidieron acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puesto que sostienen que solo se están tomando represalias en su contra con el apoyo del Congreso del Estado.
“Venimos a poner una queja porque cuando nos sacaron del Congreso fue con la seguridad del lugar; estábamos laborando y venimos a dar esa queja. Pedimos que nos expliquen la razón por la que fuimos despedidos, pero no hubo.
“Nadie de nuestros compañeros firmó contrato porque no estábamos conformes, pero solo nos sacan a quienes nos manifestamos y alzamos la voz en el Congreso”, aseguró Aurora González.
Finalmente lamentó que ningún diputado de la LXV Legislatura los ha llamado o ha atendido su situación, aunque se quedan sin empleo en plena pandemia de COVID-19.
“Ningún diputado ha acudido en nuestro favor; realmente no tenemos el apoyo de nadie desde que nos manifestamos el día 2 de mayo”, agregó.