Cuando Gobierno se cree Dios
Por si acaso | Por Carlos Jesus Rodriguez

*No a ´justicia´ por mano propia

*Respeto incluso para criminales

DICE EL Artículo 17 de la Constitución Política del País,

que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni

ejercer violencia para reclamar su derecho, y en ese sentido

deja en claro que “toda persona tiene derecho a que se le

administre justicia por tribunales que estarán expeditos para

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e

imparcial. En otro inciso establece que los jueces en materia

penal regularán la aplicación de la ley, asegurarán la

reparación del daño y establecerán los casos en los que se

requerirá supervisión judicial. Y el tema viene a colación

porque en redes sociales circula un texto en el que se trata de

argumentar que las 15 personas a quienes, presuntamente, 19

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública -en tiempos

de Javier Duarte de Ochoa y Arturo Bermúdez Zurita-

desaparecieron, eran integrantes de la delincuencia

organizada, esto es, halcones, secuestradores o vendedores

de droga, como si eso fuera motivo para que se incurriera en

los mismos ilícitos que acaso algunos cometen como es el

crimen o privación de la vida a un semejante. De ninguna

manera. Los detenidos y, posteriormente, desaparecidos,

eran individuos que pese a su actividad delictiva –si es que la

hubiesen tenido- merecían un juicio justo, pues de acuerdo a

la ley “nadie es culpable hasta que se demuestre lo

contrario”, según dicta el principio de presunción de

inocencia, uno de los ejes rectores del Sistema de Justicia

Penal, además de que los presuntos delincuentes gozan de

derechos, como cualquier persona, que los protegen frente a

las injusticias.

Y AUN cuando la vorágine de inseguridad, corrupción,

impunidad, abuso de poder y violación de Derechos

Humanos se ha tornado una constante, es necesario recordar

una y otra vez que los “ladrones”, “violadores”,

“secuestradores” y “sicarios” gozan de derechos establecidos

en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, específicamente en el Artículo 20, apartado B,

de dicho documento, y que deben entenderlo, sobre todo, los

integrantes de las corporaciones policiacas y procuración de

justicia, ya que el crimen de desaparición forzada, definido

en textos internacionales y en la legislación penal de México,

está caracterizado por la privación de la libertad de una

persona por parte de agentes del Estado o grupos o

individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a

reconocer dicha privación o su suerte con el fin de sustraerla

de la protección de la ley. El asesinato de la persona víctima

de desaparición forzada, frecuentemente tras un cautiverio

con torturas en un paradero oculto, pretende favorecer

deliberadamente la impunidad de los responsables que

actúan con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o

colectivo social al que pertenece la persona desaparecida.

Por tratarse de un delito permanente o continuo, el crimen

continúa siendo cometido hasta que no se revela la suerte o

paradero de las personas, prolongando y amplificando el

sufrimiento que se causa a familiares o allegados.

EN ESE sentido, si los 19 elementos policiacos detenidos,

incluidos ex militares o el propio ex Secretario de Seguridad

Pública, Arturo Bermúdez Zurita, incurrieron en esos graves

ilícitos, aun cuando los desaparecidos hayan sido integrantes

de la delincuencia, deben pagar por sus crímenes, más allá de

si son o no tiempos electorales, porque ninguna ley les

concedió patente para decidir en torno a la vida y la muerte,

ya que hasta el peor de los delincuentes tiene, al menos, 10

derechos de acuerdo a expertos: 1.-A que se presuma su

inocencia (es decir que antes de pensarlos culpables, debe

darse por sentado que son inocentes hasta que se demuestre

lo contrario). 2.-A declarar o guardar silencio (desde el

momento de su detención se le harán saber los motivos de la

misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser

utilizado en su perjuicio […] La confesión rendida sin la

asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio). 3.-

A que se le informe los hechos que se le imputan y los

derechos que le asisten. 4.-A que se le reciban los testigos y

demás pruebas pertinentes que ofrezca para demostrar su

inocencia. 5.-A contar con una defensa adecuada, y a un

defensor público en caso de requerirlo para ser juzgado antes

de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no

exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena

excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para

su defensa. 6.-A que sea el acusador quien deba probar su

culpabilidad (y no al revés). 7.-A que sólo sea condenado

cuando exista convicción de su culpabilidad. 8.-A ser

juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. 9.-A

recibir beneficios si presta ayuda eficaz para la investigación

y persecución de delitos en materia de delincuencia

organizada y, 10.-A ser tratado sin distinción alguna. Esos

son los derechos de todos los presuntos culpables de haber

cometido algún delito o hecho punible, cualquiera que éste

sea, por lo que el respeto a sus derechos habla, al igual que el

debido proceso, de la solidez del Sistema Penal en México, y

son los garantes de la ley quienes deben respetarlo con

mayor transparencia.

SIN DUDA, los 19 elementos de la Secretaría de Seguridad

Pública –incluido Arturo Bermúdez, ex titular de la

dependencia y José Oscar Sánchez Tirado, ex director de

Prevención y Reinserción Social- merecen un juicio justo en

torno al tema que investiga la Fiscalía, como lo merecieron

quienes, presuntamente, perdieron la vida a manos de los

ahora detenidos aun cuando eran integrantes de la

delincuencia, pues el hombre no puede erigirse en Dios y

determinar quién merece vivir y quién morir, aun cuando

muchas voces afectadas por el crimen desearían lo último

para quienes les han afectado de por vida, sin considerar que

acceder a semejante postura es incurrir en lo mismo que se

combate.

SIN DUDA, son tiempos electorales, pero a las personas que

han resultado afectadas por las desapariciones forzadas eso

está por debajo de su dolor. Ellos desean que con las

detenciones recientes se esclarezcan muchos casos, que se

llegue hasta las últimas consecuencias, y como bien dice

José Francisco Yunes Zorrilla, aunque se sigan usando las

barrabasadas de Javier Duarte para crecer en el ánimo social

y cosechar votos, lo que nunca se debe evadir es la

responsabilidad de aquellos que hayan incurrido en

desaparición forzada, sean del partido que fueren, porque se

trata de un delito de lesa humanidad que provoca muchos

daños colaterales. Así de simple. OPINA

carjesus30@hotmail.com

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