Dina Boluarte: Su partido, Perú Libre, presenta moción de destitución antes acusaciones de corrupción

En un giro inesperado en la política peruana, el partido Perú Libre ha presentado una moción de destitución contra la presidenta Dina Boluarte. Esta acción se fundamenta en acusaciones de enriquecimiento ilícito relacionadas con la posesión no declarada de relojes de lujo y joyas, lo que ha generado una considerable controversia en torno a la figura presidencial.

La congresista Margot Palacios, perteneciente a Perú Libre, anunció a través de X (anteriormente Twitter) que la bancada ha obtenido el apoyo necesario para presentar el documento al Congreso, contando con 26 firmas de parlamentarios de diversas tendencias políticas, incluyendo miembros de Cambio Democrático - Juntos por el Perú y Acción Popular.

¿De qué se acusa a Dina Boluarte, presidente de Perú?

Este proceso de vacancia se justifica en la "incapacidad moral permanente" de Boluarte, enfatizando en el "grave caso" de los relojes de lujo no declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una situación que, según el documento, compromete los principios éticos y morales requeridos para la alta magistratura del país.

La moción resalta que la conducta de la presidenta viola principios éticos fundamentales como la probidad y la transparencia, citando la aparición de Boluarte con relojes Rolex en distintas actividades oficiales sin aclarar su origen.

La investigación fiscal y policial en curso, que incluyó allanamientos al domicilio de Boluarte y al Palacio de Gobierno, arroja luz sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito por no haber declarado dichos bienes de lujo.

El escenario político peruano enfrenta una nueva etapa de incertidumbre con la presentación de esta moción de destitución contra Dina Boluarte, quien habría ocupado el cargo de manera interina tras el arresto del exmandatario Pedro Castillo luego de un fallido golpe de estado.

Este proceso no solo refleja las divisiones dentro de la esfera política peruana sino que también pone en relieve la creciente demanda de transparencia y ética en el manejo de la administración pública.